La Comuna de Puerto Gaboto atraviesa una situación crítica tras ser notificada del inicio del primero de una serie de juicios de apremio por el cobro de honorarios profesionales vinculados a causas judiciales de los años 2020 y 2022. En esta primera instancia, el monto reclamado asciende a 48 millones de pesos, una cifra que enciende todas las alarmas en la administración local.
Según informó el estado local a IRÉ, los reclamos están relacionados con los honorarios del abogado Domingo Rondina, quien fue asesor letrado de la Comuna entre 2015 y 2017 durante la gestión de Sandra Aguirre. Cabe destacar que actualmente el letrado se desempeña como Fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe.
El reclamo elevado a juicio que genera preocupación institucional en la actual conducción comunal. Los apremios se enmarcan en causas donde la Comuna resultó condenada en costas. Desde el Ejecutivo local advierten que, de prosperar estos reclamos en los términos planteados, el impacto sería devastador y podría derivar en el quiebre económico de la Comuna.
La situación se agrava en un contexto financiero ya delicado, marcado por la caída de la coparticipación, la baja en la recaudación local y el aumento sostenido de los costos operativos. Como consecuencia, este mes algunos trabajadores percibieron sus salarios de manera parcial, y se vio afectada la continuidad de empleados eventuales.
Uno de los mayores temores radica en la posibilidad de embargos sobre las cuentas comunales. De concretarse, esto implicaría la paralización total de la gestión, afectando directamente la prestación de servicios esenciales y la vida cotidiana de los vecinos.
A este panorama se suma, según visibilizaron desde la Comuna, la falta de acompañamiento por parte del gobierno provincial y una asignación discrecional de recursos, lo que profundiza aún más la crisis.
Desde la administración actual señalaron que se trata de una situación límite que impacta de lleno en toda la comunidad y aseguraron que defenderán los intereses de Puerto Gaboto con todas las herramientas legales disponibles, con el objetivo de evitar un desenlace que perjudique a los vecinos.
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