El Gobierno nacional dispuso el fin del régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas de transporte de larga distancia para cubrir los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes oncológicos infantiles y otros grupos contemplados por la normativa.
La medida fue establecida mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. Allí se dispone dejar sin efecto el esquema de compensaciones que alcanzaba a los servicios de transporte automotor interjurisdiccional, en el marco de los beneficios establecidos por ley.
Según el texto oficial, el régimen eliminado compensaba parcialmente a las empresas por los boletos sin cargo que debían otorgar a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera, y niños, niñas y adolescentes con cáncer. Con la nueva disposición, esos pasajes gratuitos se mantienen como derecho, pero sin el respaldo económico del Estado.
Desde la cartera de Transporte se argumenta que el esquema fue creado en un contexto de intervención tarifaria que ya no estaría vigente. En ese sentido, se sostiene que la causa que justificaba las compensaciones “ha sido superada” y que su continuidad resulta “innecesaria”, en línea con el proceso de desregulación del sector impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La resolución también enmarca el cambio dentro de lo establecido por el Decreto 883/2024, que habilita a las empresas de transporte a definir libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios, en un esquema de mayor flexibilización del sector.
En este nuevo escenario, el Estado deja de intervenir con aportes económicos directos para sostener los pasajes sin cargo, trasladando la responsabilidad operativa a las empresas prestatarias del servicio.
Aun así, el texto oficial aclara que el fin de las compensaciones no modifica el contenido esencial del derecho a la gratuidad, aunque no detalla mecanismos concretos de financiamiento.
Sin embargo, el panorama abre incertidumbre sobre la aplicación efectiva del beneficio, ya que las empresas deberán garantizar los pasajes sin recibir reintegros estatales, lo que podría generar tensiones en la disponibilidad de servicios.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las compañías, en un esquema que ahora queda sin el respaldo financiero previo.
El cambio impacta directamente en sectores de alta vulnerabilidad social y sanitaria, y deja abierta la discusión sobre cómo se sostendrá en la práctica el acceso real a los viajes gratuitos en todo el sistema de transporte de media y larga distancia.