El uso de celulares dentro de las escuelas se transformó en uno de los temas más debatidos del sistema educativo en América Latina. En los últimos años crecieron las leyes, resoluciones y proyectos que buscan limitar los teléfonos móviles en las instituciones educativas, principalmente durante el horario de clases. La tendencia también se refleja en Argentina, donde distintas provincias comenzaron a aplicar normativas propias con diferentes alcances según el nivel educativo.
Un informe elaborado para la Unesco por la especialista Roxana Morduchowicz analizó la situación en doce países de la región y detectó un avance sostenido de las regulaciones. Aunque en Europa predominan las prohibiciones más estrictas, en América Latina la mayoría de los países opta por restricciones parciales que permiten excepciones pedagógicas, sanitarias o vinculadas a emergencias.
Las medidas apuntan principalmente a reducir distracciones y mejorar la atención en las aulas, pero también buscan disminuir situaciones de ciberbullying, la sobreexposición a pantallas y los problemas de convivencia escolar. En muchos casos, las decisiones se apoyan en advertencias de organismos de salud y asociaciones pediátricas sobre el impacto que puede tener el uso excesivo de dispositivos en la salud emocional y mental de niños y adolescentes.
En Argentina, al menos once jurisdicciones ya implementaron regulaciones sobre el uso de celulares en establecimientos educativos. Algunas normas se enfocan en escuelas primarias, otras en secundarias y varias incluyen además otros dispositivos tecnológicos. Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires forman parte de los distritos que ya avanzaron con medidas concretas.
A pesar del crecimiento de estas restricciones, desde Unesco remarcan que prohibir no resuelve por completo los problemas vinculados al mundo digital. El informe sostiene que los estudiantes seguirán expuestos a riesgos como la desinformación, el grooming o los discursos de odio fuera de la escuela si no reciben herramientas para comprender y utilizar la tecnología de manera crítica y responsable. Por eso, el organismo propone reforzar la educación en ciudadanía digital como complemento indispensable de cualquier regulación.