El Gobierno nacional avanzó con un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, una normativa sancionada en 2021 que obligó a las empresas a incorporar los conocidos octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías. La iniciativa ya ingresó al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
Desde el oficialismo aseguran que la ley “no cumplió sus objetivos” y sostienen que el sistema actual resulta “confuso” para los consumidores, además de generar trabas para la industria alimenticia y el comercio exterior. El proyecto también apunta a unificar criterios con los países del Mercosur, donde actualmente cada nación utiliza sistemas distintos de etiquetado.
La normativa vigente fue impulsada bajo el nombre de Ley de Alimentación Saludable y tenía como objetivo brindar información clara sobre el contenido nutricional de los productos ultraprocesados. Además de los sellos de advertencia, estableció restricciones publicitarias para alimentos dirigidos a niños y adolescentes, prohibiendo personajes infantiles, promociones y estrategias de marketing en productos con sellos.
En los fundamentos del proyecto, los diputados Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni afirmaron que el esquema argentino presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”. Según argumentaron, el sistema se basa en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud que utilizan “umbrales móviles”, es decir, relaciones entre nutrientes y calorías totales del alimento, algo que —según el oficialismo— termina generando distorsiones.
El Gobierno propone reemplazar ese modelo por uno de “umbrales fijos”, similar al que utilizan Brasil, Chile y Uruguay, donde se toman cantidades absolutas de nutrientes cada 100 gramos de producto. Desde Casa Rosada aseguran que ese formato sería más claro para los consumidores y facilitaría la reformulación de productos por parte de las empresas.
Otro de los puntos centrales del debate es la armonización regional. El Mercosur trabaja desde 2025 en la unificación del etiquetado frontal para evitar diferencias entre países que obliguen a las empresas a modificar envases y líneas de producción para exportar. Según el oficialismo, esto representa mayores costos, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, la posible derogación despertó fuertes críticas de sectores vinculados a la nutrición y la salud pública. Organizaciones especializadas advierten que Argentina posee una de las legislaciones más avanzadas de la región y alertan sobre el riesgo de “nivelar hacia abajo” los estándares de protección al consumidor.
La Federación Argentina de Graduados en Nutrición manifestó preocupación por posibles cambios en aspectos clave de la ley, como las restricciones publicitarias, la regulación de entornos escolares y los criterios de calidad para compras públicas de alimentos.
El debate se produce en un contexto donde crecen las enfermedades vinculadas a la mala alimentación. Distintos organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, sostienen que el etiquetado frontal es una herramienta útil para ayudar a los consumidores a tomar decisiones más saludables.
Mientras tanto, la discusión recién comienza en el Congreso y promete convertirse en uno de los temas más polémicos vinculados a salud y consumo durante este año.