La Justicia dictó prisión preventiva efectiva por 90 días para tres hombres y una mujer acusados de comercializar cocaína al menudeo desde dos viviendas ubicadas en Puerto General San Martín, donde esta semana se concretó el derribo de búnkers en el barrio San Sebastián. La causa avanza con un fuerte componente probatorio, que incluyó el uso de tecnología aérea, es decir un drone, para documentar las maniobras ilegales.
La medida fue resuelta ayer, lunes 5 de mayo en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, donde la fiscal Natalia Benvenuto imputó a los detenidos por el delito de comercio de estupefacientes, con distintos grados de participación. La jueza de primera instancia Strólogo hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y dictó la prisión preventiva para H.J.S. (partícipe primario), y M.G.B., J.A.A. y C.P. (partícipes secundarios).
Según la acusación fiscal, los imputados operaban en dos domicilios: Misiones al 100 y Presidente Roca al 900, puntos desde donde se distribuía cocaína en pequeñas dosis directamente a consumidores. La investigación permitió documentar la actividad ilegal gracias a un sobrevuelo con drone de la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 15 de abril, donde se logró captar el movimiento de personas y la presunta venta desde el domicilio.
El allanamiento se realizó el 2 de mayo a las 2:30 de la madrugada, y permitió incautar una importante cantidad de cocaína fraccionada: un trozo compacto de 27,1 gramos, envoltorios con 2 gramos y otros cuatro envoltorios con un total de 1,9 gramos, hallados sobre una mesa en una de las viviendas allanadas.
Además, la Fiscalía describió el rol de cada uno de los imputados: H.J.S. atendía directamente el punto de venta en calle Misiones; J.A.A. era quien recibía el dinero producido por las ventas; mientras que C.P. y M.G.B. cumplían tareas de vigilancia, alertando ante cualquier movimiento policial para resguardar la operación ilegal.
El procedimiento forma parte de una serie de intervenciones contra el narcomenudeo en la región, con el respaldo del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y bajo la coordinación del área de Microtráfico de la PDI. En este caso, la investigación también derivó en el derribo físico de dos búnkers, en cumplimiento de la política de recuperación de espacios para la comunidad.