Luego del violento episodio ocurrido en San Cristóbal, que generó conmoción y encendió alertas en toda la provincia, comenzaron a replicarse amenazas en distintas instituciones educativas, muchas de ellas asociadas a desafíos virales en redes sociales. En ese contexto, la EESO N° 438 “San Lorenzo” difundió entre las familias el comunicado completo emitido por el Ministerio de Educación de Santa Fe.
En el mensaje institucional, el equipo directivo explicó que el objetivo es “poner en común conocimiento” sobre las consecuencias de las amenazas de violencia extrema en escuelas. El documento oficial advierte que estos hechos no son una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera la paz social.
El Ministerio detalla que toda amenaza activa protocolos de seguridad que implican la intervención de fuerzas policiales, brigadas tácticas, agentes de tránsito y servicios médicos, generando desalojos, interrupciones de clases y altos costos operativos. Además, remarca que estas acciones encuadran en el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, con posibles sanciones de prisión.
Otro de los puntos centrales del comunicado refiere a las consecuencias económicas. Según el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, los padres o representantes legales son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos. En ese sentido, el Estado provincial podrá reclamar judicialmente el pago íntegro de los gastos generados por cada operativo.
Finalmente, el documento pone el foco en el rol de las familias y advierte sobre el “efecto contagio” de las redes sociales. Señala que lo que puede comenzar como un reto viral puede derivar en un proceso penal que comprometa la libertad del estudiante y el patrimonio familiar. Desde la EESO N° 438 indicaron que estas conductas serán consideradas faltas gravísimas y pidieron acompañamiento para reforzar la concientización en los hogares.
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