El tiroteo ocurrido en la ciudad de San Cristóbal marcó un antes y un después en la agenda educativa y social de la provincia. El impacto de ese hecho, por su gravedad y por tratarse de un ámbito escolar, no solo generó conmoción sino que también abrió la puerta a un fenómeno que, en pocos días, comenzó a replicarse en distintas localidades con amenazas de ataques.
En ese contexto, las autoridades empezaron a advertir sobre la posible existencia de un “reto viral” que circula en redes sociales, especialmente entre adolescentes. La lógica se repite: Mensajes escritos en baños, paredes o difundidos por grupos de WhatsApp, con frases similares que anuncian supuestos tiroteos en días específicos. Muchas veces aparecen como una “broma”, pero el efecto que generan es inmediato: Miedo, incertidumbre y una fuerte alteración en la vida escolar.
Desde el gobierno provincial fueron claros al momento de referirse a esta situación. La vocera, Virginia Coudannes, sostuvo que este tipo de hechos constituyen intimidación pública y remarcó que “no es una broma, es un delito, tiene consecuencias”. Cada caso, explicó, activa protocolos que incluyen la intervención de fuerzas policiales, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación, además del trabajo conjunto con el sistema educativo para contener a las comunidades afectadas.
Ese escenario comenzó a tomar forma concreta en distintas localidades de la región. En Totoras, la situación se desató en la Escuela Secundaria N° 8130 “San José”, donde aparecieron escritos en un baño que advertían sobre un posible tiroteo el día lunes. La institución activó de inmediato el protocolo correspondiente, realizó una denuncia penal en la comisaría local y comunicó lo sucedido a las familias. La directora, Natalia Villafañe, confirmó la gravedad del hecho y dejó en claro que no se trataba de una situación menor. La jornada fue interrumpida y se espera retomar las actividades con normalidad, mientras la investigación sigue en curso.
Un episodio similar, aunque con un mensaje aún más explícito, ocurrió en Puerto Gaboto. En la EESOPI N° 2049 Juan León Dehon, un trabajador encontró en el baño de varones una inscripción que decía: “El lunes tiroteo en la escuela, no se salva nadie”. La directora radicó la denuncia y el caso quedó en manos de la Fiscalía de San Lorenzo, bajo la carátula de intimidación pública en concurso con amenazas. Desde ese momento, interviene la Policía de Investigaciones, que busca identificar al autor del mensaje en un contexto que las autoridades describen como de alto impacto social.
La preocupación también se extendió a otras ciudades del cordón industrial. En San Lorenzo y Capitán Bermúdez, varias instituciones educativas reportaron mensajes similares. Entre ellas, la EETP N° 293 “Posta de San Lorenzo”, la Escuela Técnica N° 477, el Colegio San Carlos y la EESO N° 438. En todos los casos se activaron protocolos, se reforzó la presencia policial y se implementaron controles en los accesos. Si bien las clases continuaron, lo hicieron bajo un clima de vigilancia y preocupación.
El caso que avanzó con mayor claridad en términos judiciales se dio en Pérez, donde un adolescente de 16 años fue aprehendido tras enviar mensajes por WhatsApp en los que advertía sobre un posible ataque a compañeros de su escuela. La investigación incluyó un allanamiento y el secuestro de material relevante, confirmando que este tipo de situaciones no solo genera alarma, sino que también tiene consecuencias legales concretas.
En Puerto General San Martín, la problemática también se hizo presente y obligó a modificar el funcionamiento habitual del Polo Educativo. Su director interino, Damián Scabuzzo, explicó que se implementaron ingresos controlados, con presencia policial permanente y restricciones como el acceso sin mochilas ni bolsos, buscando garantizar mayor seguridad. Al mismo tiempo, destacó el trabajo interno realizado con los estudiantes, a través de espacios de reflexión y acompañamiento por parte de equipos psicopedagógicos.
Scabuzzo describió la situación como compleja y sensible, atravesada por el impacto emocional en los alumnos y las familias, y remarcó que muchas de estas conductas tienen origen en el ámbito virtual. En ese sentido, subrayó la necesidad de reconstruir vínculos de confianza dentro de la comunidad educativa y de abordar el uso de las redes sociales desde una mirada más responsable.
Lo que se repite en cada uno de estos episodios es un patrón claro: Mensajes anónimos, rápida circulación y fuerte repercusión en la vida escolar. Aunque en la mayoría de los casos no existe una intención real de concretar los ataques, las consecuencias son tangibles: suspensión de actividades, despliegue de operativos y un clima de temor que afecta a estudiantes, docentes y familias.
Así, lo que comenzó como un hecho trágico en San Cristóbal derivó en un fenómeno que hoy atraviesa a distintas localidades de la provincia. Entre la lógica de viralización y la falta de conciencia sobre el impacto de estos mensajes, el desafío ahora pasa por frenar su propagación y evitar que una “broma” se convierta en un problema mucho mayor.
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