Vecinos de Villa La Ribera intimaron al gobernador Omar Perotti y al presidente de la nación para alertar sobre la emergencia vial y pedir la urgente realización de obras en todo el territorio provincial y sobre todo en la zona lindera a los puertos. “Les tenemos que marcar los límites. Es difícil, pero lo vamos a intentar”, expresaron.
En diálogo con IRE, Fernando Dimase, abogado y vecino del lugar, recordó que junto a un grupo de vecinos y el apoyo de todo el pueblo, se hizo una presentación de carácter administrativo en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y también en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
A partir de esa acción, las autoridades recibieron una recomendación formal de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, para que pongan manos a la obra y solucionen el problema del tránsito pesado que atraviesa principalmente la Ruta Provincial 91 y toda la zona del cordón industrial, según explicó el abogado.
“Jamás hubiese pensado enviar una carta documento a las máximas autoridades del país y de la provincia. Estamos a un paso de la vía legal. Es extraño tener que recurrir a una carta documento para recordarle a las autoridades que hace casi un año recibieron esa recomendación formal”, sintetizó Dimase.
Y describió: “Esto fue solo formalizar institucionalmente un reclamo que viene desde hace décadas. La Ribera pasó de ser una zona maravillosa a ser una pista de camiones, donde en épocas determinadas del año, se vuelve insoportable la vida para los vecinos que están allí de forma permanente”.
En ese sentido, enfatizó: “No tenemos una lucha contra el sector agroexportador, ni contra los transportistas, nosotros queremos que el estado haga las obras que tiene que hacer. Es increíble que con el dinero que entra al estado nacional desde el polo agroexportador más grande del país, que en teoría debería ser coparticipado a las provincias, no se hagan las obras necesarias”.
“Hay perjuicios y daños de todo tipo, lo más grave son los siniestros viales que se cobran vidas humanas y la inacción del estado provoca estos reclamos. No solo es un problema de tránsito o accidentes, también hay un problema ambiental, que debería estar protegido, preservado, custodiado y en caso de ser dañado, debería ser reparado por el estado”, abundó.
También señaló que las obras están previstas y diseñadas, pero “hay una morosidad del estado en la realización”. “Seguramente estas cartas documento no conmueven a ninguna de las autoridades notificadas”, lamentó.
“Estamos tratando de precisar una acción de amparo colectivo en la cual la pretensión final es que hagan las obras que tengan que hacer, pero como va a tardar años, tiene que ir acompañado de una medida cautelar urgente para ordenar el tráfico día y noche en la zona afectada, y para fijar un plazo para terminar el proyecto que tienen”, finalizó.