En un giro inesperado en la política internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de una segunda ofensiva militar prevista contra Venezuela. La decisión fue tomada luego de que el gobierno venezolano liberara a un número significativo de presos políticos, un gesto que Trump calificó como “muy importante e inteligente” dentro de una estrategia orientada a la búsqueda de la paz.
En declaraciones públicas, Trump destacó que este avance era un paso positivo hacia una transición democrática en Venezuela. El presidente estadounidense también resaltó que el gobierno venezolano había tomado una decisión “muy significativa”, al liberar a los detenidos por razones políticas, lo que generó un cambio en las dinámicas de confrontación entre ambos países. A pesar de esta buena voluntad, Trump dejó en claro que las fuerzas estadounidenses mantendrán sus medidas de seguridad activas, manteniendo los barcos militares en sus posiciones como medida preventiva.
Por otro lado, Trump aprovechó la ocasión para señalar los progresos en la cooperación energética entre ambos países. En particular, mencionó el fortalecimiento de la infraestructura petrolera y gasífera venezolana, que, según él, se está reconstruyendo de manera más moderna y eficiente. En este contexto, el mandatario anunció que grandes compañías petroleras invertirán más de 100 mil millones de dólares en el país sudamericano, un desarrollo que podría traer consigo un cambio significativo en la economía venezolana.
Desde Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la liberación de los presos políticos y subrayó que esta medida debía ser vista como un “gesto de amplia intención de búsqueda de la paz”. Rodríguez enfatizó que el gobierno venezolano, junto a las instituciones del Estado, había tomado la decisión de excarcelar a personas tanto venezolanas como extranjeras, un paso que se tomó en un contexto de tensiones políticas internas y externas.
Sin embargo, la liberación de los presos políticos no fue suficiente para apaciguar las demandas de la oposición venezolana y las organizaciones de derechos humanos. La ONG Foro Penal, que se dedica a la defensa de los derechos de los prisioneros políticos, señaló que aún existen 863 personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos en el país. Además, la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, exigió la liberación de todos los prisioneros y un cese inmediato de la represión.