El 9 de mayo de 2012, Argentina dio un paso trascendental en materia de derechos humanos con la sanción de la Ley de Identidad de Género. La norma, reconocida a nivel mundial por su carácter pionero, garantiza a todas las personas el derecho a ser reconocidas según su identidad de género autopercibida, modificar la documentación y acceder a tratamientos médicos integrales. Hoy, al cumplirse 13 años de su aprobación, es un buen momento para celebrar este logro, pero también para repensar cuánto queda aún por transformar en la vida cotidiana de las personas trans.
La ley fue impulsada por la lucha sostenida de activistas y organizaciones de derechos humanos que visibilizaron durante décadas las violencias estructurales que sufría la comunidad trans. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2011, con amplia mayoría, y luego sancionado en el Senado el 9 de mayo de 2012 con 65 votos a favor y apenas una abstención. Finalmente, fue promulgado por el Poder Ejecutivo el 24 de mayo de ese mismo año bajo el número 26.743 y garantiza a todas las personas una serie de derechos que se relacionan con la noción de identidad de género.
Uno de los pilares de la ley es el reconocimiento de que la identidad de género es una vivencia personal e interna, independiente del sexo asignado al nacer. Esto habilita a las personas a solicitar el cambio de nombre, imagen y género en sus documentos de identidad de manera gratuita, sin necesidad de autorizaciones médicas ni judiciales. El trámite, que se realiza en el Registro Civil, es un derecho humano fundamental.
Además, la ley contempla un enfoque integral de salud. Establece que todas las personas tienen derecho a recibir tratamientos hormonales o realizar intervenciones quirúrgicas para adecuar (su) cuerpo a su identidad de género, si así lo desean. Al respecto, hay que decir que esta cobertura médica la posibilitan obras sociales, prepagas y hospitales públicos siempre y cuando estos organismos se encuentren inscriptos en el Plan Médico Obligatorio.
Por último, la Ley también tiene como objetivo el defender la identidad de género contra todo tipo de discriminación.
Pese al avance legislativo, la igualdad plena sigue siendo una deuda pendiente. La comunidad trans continúa enfrentando altos índices de violencia, exclusión del sistema educativo, dificultades de acceso al trabajo formal y discriminación estructural. En ese sentido, la ley fue un punto de partida, pero no alcanza por sí sola para revertir décadas de marginación. Los cambios culturales, las políticas públicas efectivas y el compromiso social siguen siendo claves para garantizar derechos concretos.