El 9 de mayo de 2012, el Senado de la Nación sancionaba la Ley de Identidad de Género N° 26.743, una norma considerada pionera a nivel internacional. Su aprobación fue el resultado de años de lucha del colectivo trans y organizaciones sociales, y significó un cambio estructural en el reconocimiento de derechos, al establecer la identidad de género autopercibida como un derecho humano.
La ley garantizó la posibilidad de rectificar el nombre, la imagen y el sexo registral en el DNI sin necesidad de intervención judicial ni requisitos médicos, despatologizando las identidades trans. Además, incorporó el acceso a la salud integral, incluyendo tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas cubiertas por el sistema de salud público, obras sociales y prepagas.
Ese avance consolidó un nuevo paradigma en el que el Estado dejó de intervenir como regulador de identidades para pasar a reconocerlas, en línea con estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, más de una década después, su implementación continúa generando debates y tensiones en torno a su alcance y aplicación efectiva.
En febrero de 2025, el Gobierno nacional modificó por decreto el artículo 11 de la ley, que regula el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones de afirmación de género. La decisión introdujo restricciones para personas menores de 18 años, estableciendo la prohibición de estos tratamientos en la adolescencia, un cambio que reabrió un fuerte debate en ámbitos jurídicos, sanitarios y de derechos humanos.
Las modificaciones también alcanzaron el régimen de alojamiento de personas trans en contextos de encierro, generando cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones que advierten sobre posibles retrocesos en derechos ya adquiridos. En paralelo, sectores del ámbito legal señalan que la utilización de un decreto para modificar una ley sancionada por el Congreso plantea dudas sobre su constitucionalidad y contradice el principio de progresividad de los derechos humanos.
En este escenario, el debate vuelve a poner en el centro la necesidad de sostener los derechos conquistados y garantizar su aplicación efectiva. A 14 años de su sanción, la Ley de Identidad de Género recuerda que el reconocimiento de las identidades no es solo un marco legal, sino una condición básica de dignidad y respeto.