Cada 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una fecha destinada a reforzar la importancia del resguardo de la información privada en entornos digitales. La efeméride adquiere especial relevancia tras la pandemia, período en el que el uso intensivo de la tecnología expuso a millones de personas a nuevos riesgos vinculados a la seguridad informática.
El inicio del aislamiento en 2020 impulsó una digitalización forzada en amplios sectores de la población. Muchas personas comenzaron a utilizar por primera vez servicios como el home banking, las billeteras virtuales y el comercio electrónico, en un contexto de desconocimiento generalizado y escasa educación digital, lo que generó un escenario propicio para el crecimiento de delitos informáticos.
Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), durante 2020 los ciberdelitos aumentaron un 70 por ciento, una cifra que equivale al total registrado en los cinco años previos a la pandemia. En particular, los accesos indebidos a cuentas bancarias crecieron un 3000 por ciento, mientras que las estafas en compras online aumentaron un 106 por ciento y los casos de robo de identidad un 700 por ciento.
La fecha fue instaurada por el Consejo de Europa y la Comisión Europea en conmemoración de la firma del Convenio 108 en 1981, el primer tratado internacional sobre protección de datos personales. En la Argentina, la Ley Nº 25.326 garantiza derechos como el acceso, la actualización y la eliminación de datos personales, aunque especialistas advierten sobre la necesidad de actualizar la normativa ante el avance de nuevas tecnologías y modalidades delictivas.
Desde el sector de la ciberseguridad remarcan que la profesionalización de los ataques continúa en aumento y recomiendan adoptar medidas de prevención básicas, como desconfiar de enlaces sospechosos, evitar operaciones en redes públicas, verificar la reputación de vendedores online y habilitar la autenticación en dos pasos. En este contexto, la protección de los datos personales se consolida como una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y los usuarios.