La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe puso en funcionamiento el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), conforme a lo establecido por la Ley Provincial N° 11.945 y su decreto reglamentario. El registro centraliza la información de personas que incumplen con obligaciones alimentarias y permite emitir certificados oficiales para distintos trámites.

El RDAM funciona en las sedes judiciales de Santa Fe y Rosario dentro del Registro de Procesos Universales, mientras que en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto opera en las Secretarías de las Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral. En el resto de las localidades, los certificados se gestionan a través de los juzgados civiles, comerciales o de circuito.

Uno de los principales avances es la posibilidad de realizar el trámite de manera completamente online. A través del sitio oficial justiciasantafe.gov.ar, los ciudadanos pueden solicitar el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos (CDAM) sin necesidad de concurrir a tribunales. El proceso incluye la carga de datos, el pago del arancel mediante el Botón de Pago del Nuevo Banco de Santa Fe y la recepción del certificado firmado digitalmente por correo electrónico.

Las inscripciones, modificaciones y levantamientos dentro del registro se realizan únicamente por orden judicial y a pedido de parte, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales. Desde hace varios años, estas comunicaciones se efectúan por correo electrónico con firma digital, modalidad que se extendió progresivamente a todos los juzgados con competencia en materia alimentaria de la provincia.

El sistema no admite órdenes provenientes de otras jurisdicciones fuera de Santa Fe, hasta tanto exista una regulación legal específica. En cuanto a los costos, el certificado tiene un valor de $600, la inscripción del deudor o empleador $350, y el levantamiento de la inscripción $1.100, debiendo abonarse previamente el sellado correspondiente.

Desde la Corte destacaron que esta iniciativa forma parte del proceso de modernización judicial, impulsado en conjunto con el Nuevo Banco de Santa Fe, con el objetivo de agilizar trámites, garantizar seguridad y transparencia, y facilitar el acceso a la Justicia para toda la ciudadanía.