El sistema de emergencias 911 de Santa Fe volvió a estar bajo la lupa tras revelarse el impacto de las alarmas privadas en la operatoria diaria. Solo entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2025, en Rosario se registraron 103.910 llamados de empresas de monitoreo, de los cuales apenas 358 derivaron en alguna novedad confirmada.
Desde el Ejecutivo provincial advierten que esta sobrecarga afecta la capacidad de respuesta ante emergencias reales. Cada aviso implica unos 20 minutos de intervención y la participación de dos efectivos policiales, lo que en total representó más de 500 millones de pesos en costos, 34.637 horas de patrullaje y 69.273 horas de trabajo policial dedicadas mayormente a situaciones que no eran urgencias reales.
El proyecto de nueva ley de alarmas busca regular un sector que, según funcionarios, fomenta prácticas irregulares y competencia desleal. “No se trata de desincentivar a las empresas de monitoreo, sino de fijar reglas claras y exigir responsabilidad. El 911 no puede convertirse en una extensión automática de servicios privados”, explicó Pablo Polito, director de Atención de la Emergencia 911.
Karina Chumpitaz, subsecretaria de Enlace con el Sector Privado, agregó que el esquema actual permite montar empresas con recursos mínimos que trasladan su carga al Estado. La iniciativa busca proteger a quienes cumplen la ley, reducir el gasto que representan las llamadas fallidas y garantizar que los recursos policiales estén disponibles para emergencias reales, cuidando fondos públicos y optimizando la respuesta del sistema.