La reciente audiencia pública sobre el dragado, balizamiento y cobro de peaje del río Paraná encendió alertas entre especialistas, organizaciones ambientales y sectores sociales que advirtieron sobre la falta de un estudio de impacto ambiental previo, exigido por leyes nacionales y provinciales.
Durante el encuentro, la mayoría de las exposiciones coincidieron en que avanzar con la licitación sin esa evaluación violaría la normativa vigente y pondría en riesgo el equilibrio ecológico del río, cuya profundidad podría modificarse para permitir un mayor calado de embarcaciones.
Ante esta situación, el diputado provincial Carlos del Frade presentó un pedido de informes al Gobierno de Santa Fe para conocer su posición frente a la ausencia de ese estudio, destacando la relevancia del Paraná como vía por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.
El planteo apunta a garantizar que cualquier decisión sobre la concesión contemple no solo los intereses económicos, sino también la protección ambiental y a las comunidades costeras que dependen del río para su desarrollo y sustento.