El Gobierno de Santa Fe comenzó a avanzar con medidas concretas para recuperar los costos generados por las amenazas a establecimientos educativos en la región centro-norte. A través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya se enviaron 39 notificaciones a personas identificadas como responsables, en el marco de un gasto total que ronda los 200 millones de pesos.
La acción, de carácter patrimonial y administrativo, es independiente de la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), organismo que ya logró identificar a 73 presuntos autores de estos hechos.
Reclamos económicos a los responsables
Según explicó la subsecretaria de Legal y Técnica, Blanca Diakaki, las intimaciones se realizan por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Pablo Cococcioni, con el objetivo de recuperar el dinero invertido en los operativos de seguridad desplegados ante cada amenaza.
En este sentido, detalló que ya se notificó a personas vinculadas a 32 casos detectados en el centro-norte provincial, mientras se aguarda información adicional de otras fiscalías para avanzar con nuevas acciones.
Además, aclaró que el procedimiento incluye la identificación de los padres o responsables legales, independientemente de la edad de quienes hayan realizado las amenazas.
Operativos millonarios
Cada intervención policial implicó un importante despliegue de recursos. Los costos estimados parten de entre 5 y 6 millones de pesos por operativo, aunque en algunos casos —debido a la extensión territorial o la magnitud del procedimiento— pueden superar los 11 millones de pesos.
“Como Estado no solo debemos garantizar la seguridad, sino también proteger los recursos públicos”, sostuvo Diakaki, remarcando que la Provincia buscará recuperar “cada uno de los centavos invertidos”.
Trabajo conjunto para esclarecer los hechos
Desde el Ministerio destacaron que el trabajo con el MPA se llevó adelante de manera articulada desde el inicio de la problemática. Mientras el organismo judicial avanza en la identificación y eventual imputación de los responsables, el Ejecutivo provincial impulsa el recupero económico de los gastos ocasionados.
Las notificaciones enviadas forman parte de una estrategia integral que combina investigación, prevención y sanción, frente a una problemática que generó preocupación en la comunidad educativa santafesina.