Una imagen cargada de simbolismo se vivió este martes en la ciudad de Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia participaron de la destrucción por incineración de más de 300 kilos de marihuana, 16 kilos de cocaína y más de 3.000 gruesas de cigarrillos, secuestrados en más de 30 causas judiciales por infracción a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero.
El procedimiento se llevó a cabo ante el Juzgado Federal de Reconquista. Durante la actividad, Pullaro señaló que “en Santa Fe, en 22 meses de gobierno, demostramos que al narcotráfico se le puede ganar”, en referencia a los resultados obtenidos por su gestión en materia de seguridad.
Según el mandatario, los índices de violencia bajaron un 65% y los delitos contra la propiedad, un 70%, en comparación con el año anterior. Las cifras, sin embargo, podrían abrir debate respecto a las fuentes y criterios de medición, ya que los datos oficiales aún no fueron difundidos de manera pública y detallada.
Pullaro enmarcó su discurso en un contexto nacional de violencia y narcotráfico, y afirmó que “en Argentina hubo una ideología que ubicó a los delincuentes en el rol de víctimas”, criticando lo que definió como un enfoque “garantista” en materia judicial.
“Nos hicieron creer que las drogas no dañan, que las fuerzas de seguridad eran los malos, y eso nos trajo mucho dolor y sangre. Había un Estado bobo que miraba para otro lado”, lanzó el gobernador, en una frase que generó reacciones por su fuerte tono político.
Las declaraciones de Pullaro se interpretaron como un mensaje directo hacia los sectores políticos y judiciales que promueven políticas más flexibles en torno al narcotráfico y la seguridad pública.
El gobernador defendió la línea de su gestión junto a Scaglia y destacó que el descenso en los hechos violentos en Rosario “demuestra que con decisión política y trabajo articulado se pueden obtener resultados”.
Sin embargo, el discurso también despertó polémica por su tono confrontativo: Al hablar del “Estado bobo” y del “garantismo”, Pullaro reavivó la discusión sobre mano dura vs. derechos humanos, un tema históricamente sensible en la agenda de seguridad argentina.
Por su parte, el juez federal Aldo Alurralde explicó que la droga incinerada representa un golpe económico de alrededor de 1,5 millones de dólares para las organizaciones criminales.
“Hoy incineramos veneno. Impedimos que ingresen a nuestras ciudades 600 mil cigarrillos de marihuana y 32.000 dosis de cocaína”, señaló.
Alurralde agregó que el verdadero desafío está en atacar los bienes del narcotráfico, y destacó la coordinación entre la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad provinciales.
El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, celebró el acto como un ejemplo de trabajo conjunto entre Nación, Provincia y municipios. “Este es un mensaje claro de que trabajando articuladamente se puede combatir el gran flagelo que son las drogas”, dijo.
De la actividad participaron además el ministro de Trabajo, Seguridad y Empleo, Roald Báscolo; el senador Orfilio Marcón; el diputado Dionisio Scarpín; y autoridades municipales y de cooperativas locales.
La quema de drogas, más allá de su impacto judicial, tuvo una fuerte carga simbólica y política. Las declaraciones de Pullaro, el respaldo de Scaglia y la presencia de funcionarios de distintos niveles dejaron en claro que la gestión provincial busca consolidar su relato de “orden y resultados” en materia de seguridad, aunque no sin despertar controversias.