El Senado de la Nación convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad al rechazar este jueves el veto total dispuesto por el presidente Javier Milei. Con 63 votos afirmativos y 7 negativos, la Cámara alta dio luz verde a la norma que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, en lo que significó un fuerte revés político para el oficialismo.
Se trata de la primera vez en más de veinte años que el Congreso logra anular un veto presidencial. La amplia mayoría reunió a senadores de distintos bloques opositores —peronistas, radicales, macristas y provinciales— que coincidieron en la necesidad de garantizar políticas de protección para las personas con discapacidad, en medio de reclamos históricos por falta de recursos y cobertura.
La ley establece la reformulación de las pensiones no contributivas por discapacidad, con el objetivo de simplificar el acceso y actualizar los montos. También dispone la actualización mensual de aranceles, la creación de fondos compensatorios temporales para sostener prestaciones y el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad, con mayor participación de organizaciones sociales y profesionales del sector.
Durante el debate, legisladores de la oposición remarcaron que el veto de Milei implicaba “un retroceso” en materia de derechos y que la situación de miles de familias exigía una respuesta inmediata. La sesión estuvo atravesada además por el clima político generado tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, que semanas atrás derivó en renuncias y cuestionamientos al Gobierno.
El rechazo al veto significó, en los hechos, una derrota legislativa para el oficialismo y una señal de que la agenda del Congreso puede avanzar incluso en contra de la voluntad del Poder Ejecutivo. Con esta decisión, el sistema político marcó un límite a la estrategia de ajuste impulsada por el Gobierno, priorizando una demanda social que afecta directamente la vida cotidiana de las personas con discapacidad en todo el país.