Un hecho inédito en la justicia santafesina marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia digital. En San Jerónimo Sud, una localidad de apenas 3.000 habitantes ubicada a 35 kilómetros de Rosario, un hombre fue condenado tras comprobarse que utilizó inteligencia artificial para crear y difundir videos pornográficos falsos de mujeres del pueblo. La manipulación, conocida como “deepfake”, involucró imágenes de alrededor de 80 vecinas y se viralizó rápidamente a través de redes sociales y grupos de mensajería.
La denuncia se originó en 2023, cuando una mujer descubrió que su rostro había sido colocado en un video de contenido sexual sin su consentimiento. A partir de allí, otras víctimas comenzaron a reconocer sus propias imágenes en producciones similares. Las fotos eran tomadas de sus redes sociales y transformadas con tecnología de IA, para luego ser difundidas en un grupo de Telegram que alcanzó a cientos de usuarios de la región. El impacto psicológico y social fue devastador, afectando las relaciones personales, familiares y laborales de las mujeres implicadas.
El proceso judicial enfrentó un complejo desafío legal, ya que no existen leyes específicas en Argentina que contemplen este tipo de delitos digitales. La jueza Griselda Strólogo, a cargo del caso, reconoció esa ausencia normativa y destacó la importancia de este fallo como un precedente para futuros casos. Durante la audiencia, expresó: “El acceso a la Justicia y que sean tuteladas jurídicamente no tiene que ver con una ley nueva, tiene que ver con que nosotros tenemos las herramientas para que ustedes accedan”.
“El acceso a la Justicia y que sean tuteladas jurídicamente no tiene que ver con una ley nueva, tiene que ver con que nosotros tenemos las herramientas para que ustedes accedan”.
El acusado, por su parte, pidió perdón públicamente durante la audiencia. Aseguró haber iniciado un tratamiento psiquiátrico y psicológico, y admitió que no era consciente del daño que había provocado. La condena incluyó una multa de $20.000 —el máximo previsto por la legislación vigente— y una indemnización de $800.000 que deberá pagar a las víctimas que continuaron con la querella hasta el final del proceso.
Más allá del monto económico, la resolución fue celebrada como un avance simbólico y jurídico en la defensa de los derechos digitales de las mujeres.