La justicia federal imputó a una tesorera de 36 años de la sucursal San Pedro del Banco de la Nación Argentina, acusada de haber sustraído cerca de 40 millones de pesos mediante maniobras irregulares con fondos del tesoro de la entidad. La investigación, encabezada por el fiscal Matías Felipe Di Lello, sostiene que la mujer utilizó su cargo y acceso directo al dinero para retirar efectivo y encubrir el faltante con movimientos contables sin respaldo.
La imputación fue formalizada ante el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien dispuso el embargo de su vivienda, la inhibición general de bienes y fijó un plazo de 90 días para avanzar con la investigación. El delito atribuido es peculado, contemplado en el Código Penal con penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta.
El caso se originó en octubre de 2025, cuando un arqueo interno detectó inconsistencias en el tesoro de la sucursal. Un control posterior confirmó un faltante millonario, lo que derivó en la intervención de la gerencia zonal y en la apertura de un sumario administrativo. A partir de allí, la fiscalía reunió pruebas clave, entre ellas registros del sistema de videovigilancia, que habrían captado a la imputada retirando dinero en sectores restringidos.
Según la acusación, una de las maniobras ocurrió a fines de julio, cuando la tesorera habría ocultado efectivo entre sus prendas antes de retirarse de la sucursal. Días después, se le atribuye haber utilizado fondos del banco para cancelar deudas personales de tarjetas de crédito por unos 16 millones de pesos, intentando equilibrar los registros mediante pases virtuales.
Entre las pruebas también figuran comprobantes de pagos bancarios que coincidirían con los movimientos detectados y testimonios de empleados que advirtieron irregularidades en los traspasos de fondos. Uno de ellos relató que, tras descubrirse el faltante, la mujer envió un mensaje en el que manifestaba desesperación y temor por las consecuencias.
Mientras avanza la causa, el Banco Nación se presentó como querellante y no se descarta que se analicen posibles fallas en los controles internos. Por el momento, la imputación recae exclusivamente sobre la tesorera, quien permanece con licencia médica.