Un jefe policial de Empalme Villa Constitución quedó en prisión preventiva tras ser imputado como integrante de una organización dedicada al narcomenudeo y por haber participado en maniobras de extorsión. Se trata de Eduardo Quispe, titular de la comisaría 5ª, quien fue acusado junto a otras ocho personas en una causa que investiga una red de venta de drogas en la localidad.
La audiencia imputativa se llevó a cabo en los tribunales de Villa Constitución, donde el fiscal Franco Carbone expuso una serie de pruebas que comprometen al funcionario policial. Según la acusación, Quispe habría facilitado el accionar de la banda mediante conductas activas y omisivas, brindando protección a cambio de dinero y otros beneficios.
De acuerdo a la investigación, el jefe policial no solo garantizaba cobertura a los involucrados en el microtráfico de cocaína y marihuana, sino que además interfería en procedimientos judiciales y advertía sobre operativos. Incluso, una de las evidencias clave es una conversación en la que un integrante de la banda afirma que podía moverse con tranquilidad tras “arreglar” con la policía.
La causa también incluye un grave episodio de extorsión contra el presidente comunal, Facundo Stizza. Según la Fiscalía, Quispe habría instigado a otros miembros de la organización a exigirle dinero, utilizando información sensible para intimidarlo. Tras una serie de amenazas, la víctima terminó realizando una transferencia como pago inicial.
El entramado delictivo tenía como figura central a Gabriel Mazón, señalado como nexo operativo entre los distintos integrantes y el jefe policial. Junto a él, fueron imputadas otras personas que cumplían roles específicos dentro de la estructura, incluyendo distribución, logística y comercialización de estupefacientes.
La investigación, que comenzó a partir de denuncias anónimas, derivó en allanamientos realizados el 17 de abril, donde se secuestraron drogas y elementos vinculados a la actividad ilegal. La Justicia dispuso la prisión preventiva para todos los acusados mientras avanza la causa, que incluye cargos por comercio de estupefacientes, extorsión, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público.