El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Oliveros convocó formalmente a una Asamblea General Extraordinaria que se realizará el próximo 30 de diciembre de 2025, a las 18:00, en la sede ubicada en Córdoba 164. La reunión, en primera y segunda convocatoria, tendrá como objetivo central el tratamiento de una modificación parcial del Estatuto Social, conforme a lo establecido en el Artículo 41 vigente.
En el encuentro, los asociados deberán analizar una actualización integral de varios artículos del estatuto, que regulan desde la frecuencia de las Asambleas Ordinarias, los requisitos para participar y solicitar temas en el orden del día, hasta la composición, funcionamiento y obligaciones de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización.
Entre las reformas propuestas se establece que las Asambleas Ordinarias deberán realizarse una vez al año, dentro de los 120 días del cierre del ejercicio, y que la convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial y en un medio de difusión gráfico o digital de la localidad. También se detalla el alcance de los temas a tratar en estas asambleas: Memoria, balance general, elección y evaluación de autoridades, determinación de la cuota social y tratamiento de impugnaciones.
Otro de los puntos relevantes es la precisión del mecanismo para convocar asambleas extraordinarias, tanto por iniciativa de la Comisión Directiva como por pedido de un 10% de los asociados con derecho a voto. Se fija, además, un plazo de 40 días para la realización de la asamblea una vez recibido el pedido formal.
Las modificaciones también establecen que podrán participar de las asambleas quienes tengan una antigüedad mínima de seis meses y estén al día con sus cuotas. En cuanto al quórum, se determina que la reunión podrá iniciarse con la mitad más uno de los asociados, y en caso de no lograrse, podrá desarrollarse media hora después con los presentes, siempre que no sean menos que la suma de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización.
La reforma contempla además la estructura de la Comisión Directiva, integrada por cinco miembros titulares (Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales) y dos suplentes, con mandatos de tres años, sin remuneración alguna por sus funciones. Se especifican los requisitos para integrar el órgano, los reemplazos por licencias o renuncias, y los procedimientos a seguir si el cuerpo quedara sin quórum.
El proyecto también define las atribuciones y deberes de cada cargo: Desde las responsabilidades administrativas del Presidente, las funciones del Secretario y del Tesorero, hasta las competencias de los Vocales Titulares y Suplentes. En la misma línea, se detalla el rol del Órgano de Fiscalización, encargado del control contable, la verificación del cumplimiento de estatutos y reglamentos, y la posibilidad de convocar a asambleas en caso de omisión de la Comisión Directiva.
Finalmente, se incluye un capítulo relativo a la disolución de la entidad, indicando que deberá ser tratada en Asamblea Extraordinaria y que, tras saldar las obligaciones, el remanente patrimonial será destinado a una entidad de bien común con personería jurídica y exención impositiva, seleccionada por la asamblea.
La institución invita a los asociados habilitados a participar de esta instancia clave para la actualización normativa y el buen funcionamiento interno del Centro.