El presidente Javier Milei vetó este miércoles de forma total la Ley de Financiamiento Universitario, según se oficializó en el Boletín Oficial de la Nación. La norma había sido aprobada por el Congreso con el objetivo de reforzar el presupuesto destinado a universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología. La decisión del Ejecutivo se produce en un escenario político marcado por tensiones internas y la inestabilidad económica.
La reacción de la comunidad universitaria fue inmediata. Los gremios docentes y no docentes, junto con organizaciones estudiantiles, anunciaron un plan de lucha que incluye paros y la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria. Desde Coad comunicaron a sus afiliados: “Todas las asociaciones de base y las federaciones docentes del país acordamos, frente a esto, un mismo accionar: ¡Si hay veto, el día posterior hay paro!.
“Todas las asociaciones de base y las federaciones docentes del país acordamos, frente a esto, un mismo accionar: ¡Si hay veto, el día posterior hay paro!”.
En Rosario, tanto Coad como Apur, el gremio que agrupa a los trabajadores no docentes, confirmaron que llevarán adelante medidas de alcance nacional con impacto directo en la ciudad. Además, convocaron a una asamblea para el lunes 15 de septiembre en la Facultad de Humanidades y Artes, con el fin de definir los próximos pasos del plan de lucha.
La Marcha Federal Universitaria, que podría concretarse el 17 o el 24 de septiembre, tendrá como ejes centrales la exigencia de salarios dignos, la apertura inmediata de paritarias, el aumento del presupuesto universitario y científico y la implementación efectiva de la ley ahora vetada.
Qué dice la ley vetada
La iniciativa, aprobada por el Senado el pasado 22 de agosto, buscaba reajustar los fondos destinados a universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión a partir del 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada durante 2023 y 2024. Además, para este año preveía una actualización bimestral de las partidas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec.
El texto también incluía una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley, con incrementos mensuales posteriores vinculados al IPC.
No es la primera vez que el Gobierno avanza en la misma dirección: en octubre de 2024, Milei ya había rechazado una norma con características semejantes.