El Gobierno nacional oficializó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei con la publicación del decreto 137/2026 en el Boletín Oficial. La normativa, aprobada por el Congreso el 27 de febrero tras semanas de protestas y debate público, modifica distintos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y redefine aspectos centrales de la relación entre empleadores y trabajadores.
Entre los cambios más relevantes aparece la modificación en el sistema de despidos e indemnizaciones. A partir de ahora, el cálculo se realizará sobre el salario básico y otros conceptos legales, sin incluir horas extras, plus o gratificaciones. Además, la base indemnizatoria no podrá superar el 67% del valor fijado en los convenios colectivos, mientras que la compensación por despido sin causa será equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado.
La reforma también introduce modificaciones en la organización del tiempo de trabajo. La jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas diarias y se implementa un sistema denominado “Banco de Horas”, que permitirá compensar el tiempo trabajado de más con descansos en lugar de pagos adicionales. De esta manera, el esquema de horas extras como remuneración adicional queda reemplazado por un mecanismo de compensación horaria.
Otro de los puntos centrales es el nuevo esquema de pago salarial. La ley habilita que parte de la remuneración pueda realizarse en dinero o en especie, lo que abre la posibilidad de que los empleadores otorguen determinados beneficios o prestaciones como alimentos o alojamiento como parte del salario. Al mismo tiempo, la normativa introduce cambios en las vacaciones, estableciendo que el empleador definirá el período en el que se otorgarán dentro del calendario laboral.
Finalmente, la reforma impacta en la negociación colectiva y la actividad sindical. La ley establece que los convenios de ámbito menor podrán negociar condiciones específicas dentro de cada empresa, lo que descentraliza las negociaciones que antes se definían a nivel de sector. Además, se incorporan nuevas reglas para las asambleas y medidas de fuerza, así como límites en los aportes sindicales y modificaciones en la protección de los delegados gremiales.