El Senado de la Nación comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca modificar aspectos centrales del sistema actual, especialmente en lo referido a las internaciones y al abordaje de pacientes con padecimientos psiquiátricos o consumos problemáticos.
El debate se dará en un plenario de comisiones a partir de las 16.30, donde participarán las áreas de Salud —que se conformará en el mismo encuentro— y Legislación General. La propuesta aparece como una de las prioridades del oficialismo legislativo en medio de un temario complejo que también incluye otras reformas estructurales.
Cambios en los criterios de internación
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la flexibilización de las condiciones para disponer internaciones no voluntarias. A diferencia de la normativa vigente, que establece criterios muy restrictivos, la reforma propone habilitarlas en casos donde exista un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
De esta manera, se reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por una formulación más amplia, lo que genera uno de los principales focos de discusión entre especialistas y organizaciones del área.
Mayor protagonismo de la mirada médica
Otro eje central es el fortalecimiento del rol de los psiquiatras dentro del sistema. Si bien se mantiene el enfoque de equipos interdisciplinarios, el proyecto establece la obligatoriedad de la presencia de un profesional de la psiquiatría y otorga mayor peso a su evaluación en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.
Esto representa un cambio respecto del esquema actual, que busca equilibrar distintas disciplinas en la toma de decisiones sobre salud mental.
Consumo problemático y nuevas herramientas
La iniciativa también incorpora de manera explícita el abordaje del consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental. En ese sentido, se habilita a la autoridad de aplicación a desarrollar dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación, según la gravedad de cada caso.
Con esta reforma, el Gobierno busca actualizar una normativa vigente desde 2010, mientras que el debate en el Senado promete abrir una discusión profunda sobre el equilibrio entre derechos individuales, atención médica y situaciones de riesgo.