La diputada provincial Lionella Cattalini presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se avance con mayor celeridad en el tratamiento del expediente que investiga al juez federal Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario.
En su presentación, la legisladora amplió la información y aportó nuevos elementos que, según explicó, “refuerzan la necesidad de una actuación urgente por parte del Consejo, para garantizar la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial”.
Entre las pruebas acercadas, Cattalini mencionó una investigación penal sobre una operación financiera de diez millones de dólares presuntamente autorizada por Salmain en favor de una empresa vinculada al empresario Fernando Whpei, quien habría declarado que el magistrado se quedó con un porcentaje de la operación. Además, se agregan denuncias por pedidos de dinero a cambio de resoluciones judiciales y acusaciones por acoso y persecución laboral dentro del juzgado.
Para la legisladora socialista, los antecedentes y los nuevos hechos que salieron a la luz “revelan un patrón de conducta incompatible con el ejercicio de la función judicial”. En ese marco, instó a la jueza Alejandra Provítola, responsable de la acusación en el Consejo de la Magistratura, “a que avance con la celeridad y la seriedad que el caso requiere”. “La sociedad necesita volver a confiar en las instituciones, y eso exige que el Consejo actúe con responsabilidad y sin dilaciones”, remarcó.
El juez Salmain está bajo investigación desde julio pasado, cuando se conoció que omitió declarar en su currículum un antecedente de cesantía: Fue separado hace dos décadas de la Justicia Federal porteña por un intento de soborno.
A raíz de ese hecho, el Consejo de la Magistratura abrió un proceso disciplinario para determinar si el magistrado ocultó información relevante al concursar para el cargo en Rosario.
En agosto de este año, Cattalini ya había solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una copia de los antecedentes presentados por Salmain en 2022 y de la resolución de cesantía omitida en su declaración jurada, documentación que luego elevó al Consejo.
“La omisión de antecedentes de esta naturaleza reviste una gravedad institucional. Ocultar información impide que el Consejo y el Senado puedan realizar los controles necesarios”, advirtió la diputada.
Finalmente, Cattalini concluyó: “Cada día que pasa sin respuestas afecta la credibilidad del sistema judicial. Es momento de actuar con decisión para que la Justicia esté a la altura de lo que la sociedad espera”.