En un giro político que está generando un amplio debate en el ámbito nacional, el presidente Javier Milei decidió vetar dos leyes clave recientemente aprobadas por el Congreso: el aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. A pesar de haber sido respaldadas por una mayoría en el Senado a principios de julio, el Ejecutivo dilató la firma del veto, utilizando una estrategia política para evitar que el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, reabra el debate, donde la oposición podría ganar fuerza. Estos vetos serán publicados oficialmente este lunes en el Boletín Oficial, lo que marca un nuevo capítulo en las negociaciones entre el Gobierno y los bloques parlamentarios.
El veto de estas leyes se inscribe en el marco del plan de ajuste estructural impulsado por la administración de Milei, que busca alcanzar el déficit cero. Según el Ejecutivo, tanto el aumento de las jubilaciones como la emergencia en discapacidad son medidas “fiscalmente inviables“, lo que generó críticas, especialmente entre los sectores más vulnerables que esperaban estos cambios.
La ley de movilidad jubilatoria, impulsada principalmente por la oposición y el peronismo, proponía un aumento de jubilaciones vinculado a la inflación y las mejoras salariales, con un incremento mensual que superaba los ajustes realizados por decreto por el Gobierno.
Por su parte, la ley de emergencia en discapacidad fue promovida por organizaciones del sector, que denunciaban recortes de fondos y la discontinuidad de servicios básicos. Esta ley intentaba garantizar la atención integral, el transporte y las prestaciones mínimas para las personas con discapacidad, en un contexto de creciente presión social por la falta de recursos y la precarización de los servicios. La decisión de Milei de vetar ambas normas se enfrenta a un amplio rechazo entre los colectivos afectados, que ya han anunciado protestas y movilizaciones en caso de que no se logre encontrar una solución alternativa.
En medio de un clima político tenso, el oficialismo intenta consolidar su postura y evitar que el veto presidencial sea revocado en el Congreso. La estrategia del Gobierno se centra en negociar con gobernadores y bloques aliados, ofreciendo apoyos y recursos como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cambio de respaldo político. Sin embargo, el Congreso podría desestimar el veto si ambas cámaras logran una mayoría especial de dos tercios.