Una decisión de la Justicia Federal suspendió por seis meses el plan de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una medida que contemplaba cierres de dependencias, reducción de áreas, traslados de personal y posibles despidos. El fallo genera expectativa y alivio en las distintas sedes del organismo, entre ellas la histórica Estación Experimental Agropecuaria de Oliveros, referente para la producción agropecuaria de la región.
La medida cautelar fue dictada por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, tras una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y ordena suspender de manera inmediata la aplicación de la Resolución 20/2026 promovida por las autoridades del organismo.
Entre los puntos cuestionados se encontraban el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), la eliminación de nueve agencias territoriales y la transferencia de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en el marco del proceso de ajuste impulsado por el Ejecutivo nacional.
Cuestionamientos a la legalidad de la reestructuración
Al fundamentar su decisión, el magistrado consideró que la resolución presentaba indicios de arbitrariedad e ilegalidad por la falta de fundamentos suficientes y posibles contradicciones con la normativa vigente. Además, advirtió sobre el impacto que las medidas podrían tener en áreas sensibles como la investigación científica, la agricultura familiar, la producción de alimentos y el empleo público.
En consecuencia, el fallo impide que el INTA avance con el cierre de dependencias, la eliminación de funciones, los traslados de trabajadores, los pases a disponibilidad, los despidos de personal técnico y cualquier acción vinculada a la transferencia, venta o subasta de inmuebles y equipamiento.
El impacto en la región
Aunque la resolución judicial no menciona de manera puntual al INTA Oliveros, la decisión alcanza a toda la estructura nacional del organismo. Por eso, la cautelar también protege temporalmente a estaciones experimentales y agencias territoriales que podrían verse afectadas por futuros procesos de reorganización.
La Estación Experimental Agropecuaria Oliveros es una de las más importantes de Santa Fe y desarrolla investigaciones y programas vinculados a la producción ganadera, agrícola y lechera, además de brindar asistencia técnica a productores de la región.
También quedó en suspenso el plan de retiros voluntarios
La resolución judicial impacta además sobre la política de reducción de personal que el organismo había comenzado a implementar. Semanas atrás, el INTA puso en marcha un programa de retiros voluntarios para trabajadores de planta permanente, con una compensación económica equivalente a un salario y medio por cada año trabajado.
Según denunciaron organizaciones gremiales, el objetivo de esa iniciativa era reducir la planta del organismo en alrededor de mil trabajadores.
Desde ATE celebraron el fallo. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la decisión vuelve a poner en debate la legalidad de las medidas impulsadas por el Gobierno y ratificó que el sindicato continuará cuestionando los recortes aplicados en organismos que consideran estratégicos para el desarrollo científico y productivo del país.