El Senado dio un paso decisivo en la madrugada de este jueves al aprobar en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La votación terminó con 42 adhesiones y 30 rechazos sobre los 72 senadores presentes, marcando un triunfo del oficialismo frente al bloque kirchnerista, relegado durante toda la jornada. Tras este avance, el proyecto será girado a Diputados, donde el oficialismo buscará su sanción definitiva sin modificaciones que lo devuelvan al Senado.
La discusión particular, que incluyó 26 títulos, fue aún más intensa y requirió un manejo casi quirúrgico por parte del oficialismo. Entre los cambios de último momento se destacan la caída del artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas, la continuidad de los aportes compulsivos con topes reducidos, la preservación del 6% destinado a obras sociales y modificaciones al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con indemnizaciones. Además, se extendieron los plazos para la adaptación de ciertos estatutos, pasando de 180 días a un año.
Uno de los puntos más polémicos fue la incorporación del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, promovido por La Libertad Avanza. La medida generó críticas por haberse incluido como anexo sin tratamiento formal en comisión, y provocó tensiones entre la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Aun así, la mayoría oficialista logró mantener el control de la sesión y aprobar todos los títulos en particular.
La votación por apartados reflejó la disciplina del oficialismo: la mayoría de los títulos se aprobaron con 41 a 44 votos a favor y entre 28 y 31 en contra. Hubo algunas abstenciones puntuales, pero nunca comprometieron la mayoría. Libertarios, UCR, PRO y aliados provinciales sostuvieron el proyecto con firmeza, mientras que el kirchnerismo permaneció en gran medida unido en el rechazo, con algunas excepciones.
Con la aprobación en el Senado, la reforma laboral se dirige ahora a Diputados para su revisión final. De concretarse su sanción, sería la primera ley de este tipo desde el regreso de la democracia, tras décadas de intentos frustrados. El texto combina cambios en materia laboral, ajustes económicos y redefinición de competencias judiciales, marcando un hito en la agenda legislativa del Gobierno y generando un escenario de debate intenso en el Congreso.