Un insólito conflicto se desató en la provincia de Chubut, donde una propietaria rural decidió instalar una tranquera metálica que interrumpe el paso en un tramo de la ruta provincial 12, a la altura de Gualjaina. La medida generó un fuerte impacto en la región, con denuncias de vecinos que aseguran haber quedado aislados y un trasfondo legal aún sin resolver sobre la titularidad de las tierras.
El hecho ocurre a unos 60 kilómetros de Esquel, donde el tránsito permanece restringido. En un primer momento, circularon versiones sobre un supuesto inversor extranjero detrás del cierre del camino, pero esa hipótesis fue descartada. La propia dueña del campo, Luciana Zárate, asumió la instalación de la estructura y aseguró que “el tránsito no está impedido”.
“El camino pasa por nuestra propiedad”
La mujer sostuvo que la ruta atraviesa su campo y que, en ese contexto, tiene derecho a colocar el portón. “Somos los dueños de los campos, gente trabajadora, y el camino pasa por nuestra propiedad”, afirmó. Además, negó que el acceso esté bloqueado completamente, al señalar que la tranquera no tiene candado.
Sin embargo, vecinos de la zona denunciaron dificultades para circular e incluso señalaron que habría personas que impiden el paso. Estas versiones fueron rechazadas por la propietaria, quien también explicó que la medida responde a reiterados robos de ganado.
Un conflicto legal sin resolver
Desde el gobierno provincial reconocieron que la situación es compleja: la traza de la ruta provincial 12 atraviesa terrenos privados y el proceso de expropiación nunca se completó. En ese marco, indicaron que quienes instalaron la tranquera “podrían haber actuado dentro de sus derechos”.
Zárate fue más allá y planteó que el Estado debería avanzar con la expropiación para garantizar el uso público del camino. “Hasta que eso no ocurra, la tranquera va a seguir ahí”, advirtió.
Reclamos y tensión en la región
El conflicto no solo enfrenta a la propietaria con las autoridades, sino también con otros vecinos que denuncian haber quedado aislados. “Es grave que se limite el acceso a un camino que debería ser público”, expresaron en redes sociales.
A su vez, comunidades de la región cuestionaron la falta de una respuesta rápida por parte del Estado. Mientras tanto, el caso aún no tiene intervención judicial y continúa sin una solución definitiva, en medio de un escenario de tensión creciente.