La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica, que garantiza fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y la recomposición salarial del personal de salud, y al financiamiento universitario, que actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades y ordena reabrir la paritaria del sector.

La votación fue contundente: La emergencia pediátrica fue aprobada con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención, mientras que el financiamiento universitario obtuvo 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

Un revés político para Milei

El rechazo a los vetos representa un duro golpe para el Gobierno de Javier Milei, que no logró sumar apoyos clave de gobernadores y aliados provinciales. Durante la semana, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió con mandatarios de Salta, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos y Chaco para intentar acercar posiciones, pero sin éxito.

Además, el Ejecutivo había distribuido Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $12.500 millones a cuatro provincias (Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco, con la intención de ganar apoyos legislativos, pero la estrategia tampoco resultó efectiva.

Ausencias y fracturas dentro del oficialismo

La sesión también evidenció fracturas dentro del bloque oficialista y entre aliados provinciales. Algunos diputados libertarios, ex liberales y aliados electorales del Gobierno se ausentaron o votaron en contra, debilitando los vetos. Entre ellos se destacan los diputados del bloque Coherencia y legisladores de Misiones, Mendoza, Chubut y Río Negro.

Según explicaron algunos legisladores, la decisión de insistir con las leyes responde a la importancia de asegurar fondos para hospitales y universidades y atender a los sectores más vulnerables, como los niños que requieren atención en el Garrahan.

Próximo paso: El Senado

Con la insistencia aprobada en Diputados, las leyes pasan ahora al Senado, donde se espera que los vetos presidenciales también sean rechazados, consolidando así la continuidad del financiamiento para salud y educación.