En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares promovida por el Gobierno nacional. El proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado a fines de febrero, avanzó en medio de un clima de tensión política y fuertes cuestionamientos de distintos sectores.
El respaldo clave llegó desde legisladores de provincias cordilleranas como San Juan, Catamarca, Tucumán y Salta junto a bloques como el PRO y la UCR. La iniciativa introduce un cambio central: transfiere a las provincias la facultad de definir qué áreas periglaciales pueden habilitarse para actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería.
Desde el oficialismo defienden la reforma al considerar que permitirá potenciar inversiones en un sector estratégico, con especial foco en recursos como litio, cobre y oro. En esa línea, sostienen que la normativa vigente resulta restrictiva y que no todos los territorios cercanos a glaciares cumplen funciones clave como reservas hídricas.
En contraposición, organizaciones ambientalistas advierten que la modificación implica un retroceso en materia de protección ambiental. Señalan que la ley original, sancionada en 2010, establecía resguardos fundamentales para los glaciares y su entorno, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
El rechazo también se expresó en las calles y a nivel internacional. Durante el debate hubo manifestaciones frente al Congreso, mientras que semanas atrás referentes de Naciones Unidas ya habían alertado sobre posibles impactos en el ambiente y los derechos humanos. En este contexto, no se descarta que la nueva normativa sea llevada a la Justicia.