Este miércoles, el Senado de Uruguay aprobó la ley de Muerte Digna, legalizando la eutanasia y sumando al país a un reducido grupo de naciones que permiten este procedimiento, como Canadá, los Países Bajos y España. En la región, Uruguay se une a Colombia y Ecuador, que también despenalizaron la práctica.
La norma garantiza el derecho a una muerte digna para personas adultas, mentalmente aptas, que padezcan enfermedades incurables o sufrimientos intolerables. Tras más de diez horas de debate, la ley contó con el respaldo total del Frente Amplio y el apoyo parcial de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, alcanzando así una significativa mayoría.
Antes de la votación, Beatriz Gelós, una mujer de 71 años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), expresó su esperanza de que se aprobara la ley: “Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana y bien redactada”. De manera similar, la familia de Pablo Cánepa, un hombre de 39 años con una enfermedad rara e incurable, celebró la decisión: “Pablo está agonizando hace años y la aprobación fue un verdadero alivio”.
La normativa establece requisitos claros: Ser mayor de edad, ciudadano o residente en Uruguay, encontrarse psíquicamente apto y dejar por escrito la voluntad de acceder al procedimiento, tras atravesar una serie de instancias previas.
El debate parlamentario se desarrolló en un clima de respeto, aunque al finalizar la votación se registraron protestas en las gradas, que obligaron a desalojar al público. Para el senador oficialista Daniel Borbonet, la ley es “sólida” y “brinda seguridad jurídica”, mientras que el opositor Pedro Bordaberry la calificó como “una norma que promueve la muerte asistida”.
Los impulsores destacan que la ley incluye múltiples garantías y refleja la tradición uruguaya de aprobar leyes de avanzada, como la legalización del cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto. Según una encuesta de Cifra, más del 60% de la población aprueba la eutanasia, frente a un 24% que la rechaza.
El Colegio Médico de Uruguay participó en el proceso legislativo para proteger a pacientes y profesionales, mientras que la Iglesia Católica expresó su tristeza ante la aprobación.
Con esta decisión, Uruguay establece un marco regulatorio que combina derechos individuales, seguridad jurídica y garantías médicas, consolidando una de las políticas de salud y derechos humanos más avanzadas de la región. Algunos especialistas y analistas señalan que la aprobación de esta ley podría generar debates similares en otros países de la región, incluida Argentina, donde la discusión sobre la eutanasia continúa abierta.