El avance de una de las causas ambientales más importantes vinculadas al Río Paraná tuvo un nuevo capítulo esta semana. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que sean citados a declaración indagatoria seis directivos de la empresa agroquímica Atanor SA y ocho funcionarios provinciales por presuntas responsabilidades en hechos de contaminación registrados en la ciudad de San Nicolás.
La investigación busca determinar si durante años se produjeron vertidos de residuos peligrosos y otras prácticas contaminantes que afectaron al Río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire de la zona, poniendo en riesgo tanto el ecosistema como la salud de las comunidades cercanas.
Una denuncia que lleva más de una década
La causa se originó en 2014, cuando vecinos de San Nicolás denunciaron que la planta química de Atanor arrojaba efluentes contaminantes al Paraná y mantenía conductas que podrían haber provocado graves daños ambientales.
Según la presentación judicial, la empresa habría realizado descargas de líquidos industriales al río, además de enterrar residuos tóxicos y operar con instalaciones deficientes. Los denunciantes también alertaron sobre olores persistentes, emisiones gaseosas y posibles consecuencias sanitarias para los habitantes de los barrios cercanos.
A lo largo de la investigación, distintos estudios incorporados al expediente detectaron la presencia de sustancias químicas asociadas a la actividad agroindustrial tanto en el agua como en el suelo.
Residuos peligrosos en una de las principales reservas de agua del país
Para el fiscal federal Matías Di Lello, existen elementos suficientes para sospechar que la contaminación se produjo mediante el vuelco de efluentes y la dispersión de partículas que contenían residuos peligrosos, alcanzando el curso del Río Paraná y su entorno.
El caso adquiere especial relevancia por tratarse de uno de los sistemas hídricos más importantes de Argentina y Sudamérica. El Paraná abastece de agua a millones de personas, sostiene actividades productivas, pesqueras y turísticas, y alberga una enorme biodiversidad.
Los informes incorporados al expediente detectaron atrazina en muestras de agua y cipermetrina y trifluralina en análisis de suelo, sustancias utilizadas en actividades agropecuarias y cuyo impacto ambiental genera preocupación cuando aparecen fuera de los parámetros permitidos.
La advertencia de Greenpeace
La situación volvió a cobrar notoriedad pública durante 2025, cuando Greenpeace difundió estudios realizados en el arroyo Yaguarón, un brazo del Paraná que durante años recibió efluentes provenientes de la planta de Atanor.
La organización informó la presencia de plaguicidas altamente tóxicos e incluso sustancias prohibidas, reforzando los reclamos históricos de vecinos y organizaciones ambientalistas que desde hace años exigen mayores controles sobre la actividad industrial y la protección del río Paraná.
También investigan a los organismos de control
La resolución judicial no solo alcanza a los directivos de la empresa. También deberán declarar funcionarios de organismos provinciales encargados de la fiscalización ambiental y del control de los recursos hídricos.
Según la acusación, habrían existido omisiones en las tareas de supervisión, monitoreo y control destinadas a prevenir o detectar posibles episodios de contaminación sobre el río Paraná y el ambiente circundante.
Entre los citados figuran cinco funcionarios del organismo provincial de control ambiental y tres presidentes de la Autoridad del Agua, quienes deberán responder por las presuntas fallas en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Un fallo que puede marcar un precedente
Con esta decisión, la Cámara Federal reactivó una causa que lleva más de diez años y que busca establecer si hubo responsabilidades empresariales y estatales en presuntos hechos de contaminación que afectaron a uno de los recursos naturales más valiosos del país: El Río Paraná.
La resolución representa un paso clave para esclarecer un caso que pone en discusión no solo el impacto ambiental de determinadas actividades industriales, sino también la eficacia de los mecanismos de control destinados a proteger las aguas del Paraná y a las comunidades que dependen de ellas.