En una extensa sesión, el Senado de la Nación aprobó este viernes dos proyectos clave: la Ley de Emergencia Pediátrica y la norma que garantiza el financiamiento de las universidades públicas. La primera, sancionada con 62 votos a favor y solo 8 en contra, declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año y obliga al Poder Ejecutivo a destinar recursos inmediatos al Hospital Garrahan y a los residentes nacionales de salud, en medio de un conflicto que lleva más de dos meses.
La iniciativa contempla una recomposición salarial para médicos, personal de salud y residentes de todas las especialidades, así como la exención del impuesto a las Ganancias en horas extras y guardias. También establece que los fondos deberán ser asignados de forma prioritaria a insumos críticos, medicamentos, vacunas y mantenimiento de infraestructura hospitalaria. El texto habilita además mecanismos excepcionales de compra para agilizar la provisión de materiales esenciales.
En paralelo, el Senado sancionó la ley que actualiza los presupuestos universitarios y dispone la convocatoria a paritarias obligatorias para docentes y no docentes. Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el proyecto establece que los salarios deberán recomponerse de acuerdo con el índice de inflación informado por el INDEC, con incrementos remunerativos y bonificables, y revisiones periódicas que no podrán superar los tres meses entre cada negociación.
Ambas normas contaron con mayorías superiores a los dos tercios de los 72 senadores, lo que abre la posibilidad de que el Congreso insista en su sanción en caso de un eventual veto presidencial. El presidente Javier Milei ya anticipó su rechazo, por lo que la pulseada legislativa podría continuar en las próximas semanas.
Además, durante la misma sesión se desactivaron cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU que ya había sido rechazado por Diputados. De esta manera, quedaron sin efecto las modificaciones propuestas por el Ejecutivo sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, Vialidad Nacional, la Agencia Regulatoria del Cáñamo, el INTI, el INTA y la Marina Mercante, cerrando una jornada parlamentaria de alto voltaje político.