Los empleados de la Comuna de Maciel, afiliados a SITRAM continúan la medida de fuerza tras la decisión de la comuna de despedir a los empleados del Centro de Habilitación de Conductores Nº67 y de esta manera, romper con la Conciliación Voluntaria firmada días atrás, entre el Ministerio de Trabajo, el Sindicato y el propio gobierno comunal.
El viernes a las 4 am comenzó la protesta frente al edificio comunal y aún hoy se extiende. Sin embargo, el panorama es relativamente tranquilo ya que el sábado, en asamblea, los trabajadores decidieron no cortar calles ni quemar cubiertas en respeto a los vecinos y comerciantes.
Son aproximadamente sesenta los trabajadores municipales que se solidarizaron con Enzo Escobar y Daniel Fared y que por estos días acompañan la manifestación. Escobar quién lleva en la Comuna 13 años de servicio y Fared, 30 años fueron cesanteados hace una semana atrás. Sin embargo, el conflicto lleva diez meses.
“El proceso se vivió mal, porque no sólo fuimos sancionados con una determinación injusta si no, fuimos cesanteados por sesenta días, luego por treinta días más sin goce de sueldo, y después de la Conciliación Obligatoria en diciembre retornamos a trabajar sin tareas específicas. Pero el lunes, al regresar a nuestros domicilios fuimos notificados que quedábamos cesanteados cuando una semana atrás en el Ministerio de Trabajo se había firmado, de común acuerdo, entre la Comuna y el Sindicato, la conciliación hasta el 8 de julio”, señaló Escobar sobre estos meses de conflicto y la sorpresiva decisión del gobierno comunal.
En este sentido, Escobar se refirió al conflicto y habló sobre la acusación. “Durante dos años, vinieron a la Oficina personas colombianas, como también paraguayos y chinos que fueron atendidas con el mismo protocolo que al resto de las personas”, aclaró el ex empleado y en este contexto determinó: “Acá, en primer lugar, hubo un error del sistema de la Provincia. Porque fue el propio sistema el que le otorgó a los carnets una vigencia de cinco años cuando en realidad, tal como lo dice la ley, sólo debería haber sido de un año por tratarse de personas extranjeras”.
Y asimismo continuó: “Nosotros somos simples operadores del sistema; fue el sistema de la provincia el que otorgó la validación y la vigencia a las licencias. Pero el hilo se corta siempre por lo más delgado”, dijo y agregó: “Además, hubo en el transcurso de dos años, dos auditorías llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Vial de la provincia y nunca nadie nos notificó que estábamos haciendo algo mal”.
Durante estos meses de conflictos, trascendieron rumores que Escobar desmintió: “Nunca se utilizó un proceso distinto con los ciudadanos extranjeros. Trabajábamos por orden de llegada y no se otorgaban turnos”. También indicó que los sorprendió el operativo llevado a cabo por la policía federal donde se los vinculó con el narcotráfico. “Esto nos cayó mal a todos, incluso a nuestra familia que también sufrieron las consecuencias, porque estaban en boca de todo el mundo”, culminó.