En una resolución de fuerte impacto para el sistema educativo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional cumplir de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario y avanzar en la recomposición de los salarios docentes. El tribunal desestimó la apelación oficial y cuestionó la solidez de los argumentos presentados por el Ejecutivo.
El fallo ratifica la medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido sobre el deterioro del funcionamiento de las universidades públicas. Desde Rosario, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, valoró la decisión judicial y la definió como una señal positiva en un escenario complejo para la educación superior.
La resolución exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización salarial de docentes y no docentes desde fines de 2023 hasta la sanción de la norma en 2025. También contempla la recuperación de los programas de becas, considerados esenciales para sostener la continuidad de miles de estudiantes.
Al fundamentar el fallo, los jueces señalaron que el planteo del Gobierno que advertía sobre una supuesta intromisión judicial en cuestiones presupuestarias no tenía sustento suficiente. Además, indicaron que el costo fiscal de la medida es limitado y que su implementación no afecta el interés público, sino que resguarda el derecho a la educación.
El conflicto se remonta a diciembre pasado, cuando un fallo de primera instancia declaró la invalidez del decreto que suspendía la aplicación de la ley. Pese a que el Ejecutivo sostuvo que era necesario garantizar previamente las fuentes de financiamiento, la Cámara rechazó ese argumento y dejó firme la obligación de cumplir con la normativa sin demoras.