En el marco del debate por la Reforma Constitucional, la Comisión encargada de analizar el capítulo de Seguridad Social presentó un dictamen que, si bien incorpora principios como la solidaridad, la equidad distributiva y la intangibilidad de los recursos, también incluye formulaciones que habilitan criterios de “sustentabilidad” y “razonabilidad”, vinculados a políticas de ajuste.
Ante este escenario, AMSAFE reiteró la postura que ya expuso en la Legislatura: los regímenes jubilatorios y de pensiones de la provincia deben ser públicos, estatales, solidarios y de reparto, con respaldo del Estado y a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, la cual debe mantenerse intransferible a cualquier otra jurisdicción, ya sea nacional o privada.
Desde el gremio remarcaron que el sistema previsional no puede estar sujeto a los vaivenes financieros de los gobiernos de turno ni a supuestos criterios de sustentabilidad que encubran recortes. En ese sentido, se sostuvo que los haberes jubilatorios deben garantizar como mínimo el 82% móvil de los salarios activos y no ser reducidos por leyes de emergencia u otras disposiciones especiales.
Finalmente, AMSAFE planteó que toda modificación que afecte a trabajadores activos o jubilados debe discutirse en paritarias y advirtió que la Caja de Jubilaciones es un patrimonio colectivo, sostenido por generaciones de trabajadoras y trabajadores, que no puede ser objeto de transferencia, vaciamiento ni especulación.