Litoral Gas, empresa distribuidora de gas natural, presentó en una audiencia pública virtual una solicitud de aumento de tarifas. Según la propuesta, los aumentos podrían oscilar entre el 86% y el 119% para aquellos sin el beneficio del descuento por zona fría. La intención de la compañía es que estos nuevos valores entren en vigor a partir del 1º de febrero.

Durante la audiencia, el representante de Litoral Gas, Daniel Molinari, proporcionó ejemplos de cómo afectaría el aumento a las facturas promedio de los clientes. Según sus cálculos, aquellos sin el descuento del 30% por zona fría en el segmento R1 de consumo verían un aumento en su factura de $5.834 a $10.876. Los usuarios del nivel R3 también se verían afectados, pasando de una factura de $4.423 a $9.691.

Sin embargo, la mayoría de los clientes de Litoral Gas se benefician del descuento por zona fría, por lo que el aumento promedio en la factura no seria tan significativo. Por ejemplo, para aquellos en el nivel 1, el incremento sería del 86%, pasando de $4.084 a $7.613. Mientras tanto, los clientes del nivel 3 verían un aumento del 119%, pasando de $3.096 a $6.784.

Además de los clientes residenciales, las pequeñas y medianas empresas también se verían afectadas por este aumento. Se estima que experimentarían un incremento promedio de $10.832, más $4.982 de impuestos.

Ante estas propuestas de aumento, el Gobierno anticipó la implementación de un cambio en los criterios de segmentación de la tarifa del servicio de gas natural. La idea es introducir una Canasta Básica Energética como parte de una “nueva conceptualización” de los subsidios. Se planea un “traslado gradual” del precio mayorista a la factura final a lo largo de tres meses, comenzando el 1 de febrero.

La validez de la audiencia pública fue cuestionada por el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano. Él argumentó que la audiencia debería haberse realizado de manera mixta para una evaluación más precisa y expresó su preocupación por la falta de documentación en el evento. Bassano también destacó que la audiencia no abordó el piso de las tarifas ni consideró el precio del gas en boca de pozo, lo que podría conducir a situaciones de “pobreza energética”.