Con una marcha pacífica, bocinazos y carteles en alto, familias, niños, terapeutas y prestadores de toda la región se concentraron este miércoles en el Paseo del Pino de San Lorenzo. El reclamo es claro: Exigir al Congreso la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad y visibilizar el deterioro de las condiciones que atraviesa el sector.
“Es una situación cruel, tanto para las personas con discapacidad como para quienes sostenemos los tratamientos. Hay centros que ya no tienen ni para alimentar a los chicos en jornada doble”, expresó en diálogo con IRÉ Pilar Pacheco, responsable de un centro de neurorehabilitación en Pueblo Andino, donde se atienden a más de 100 pacientes de toda la región.
“Es una situación cruel, tanto para las personas con discapacidad como para quienes sostenemos los tratamientos. Hay centros que ya no tienen ni para alimentar a los chicos en jornada doble”
La referente, con 27 años de trayectoria en el área, explicó que los prestadores están cobrando aranceles congelados en $12.000 por sesión, con una pérdida del 73% frente a la inflación y con pagos que llegan, con suerte, tres meses después. Además, denunció que muchas obras sociales dejaron de pagar desde enero por cambios normativos. “Peligran todos los servicios”, alertó.
La marcha en la región se realizó en simultáneo con una convocatoria nacional frente al Congreso y otros puntos del país. Aunque el tratamiento legislativo fue postergado para la semana próxima, las familias redoblaron el reclamo con una consigna clara: “Vale la pena que sea justo”.
Pacheco también denunció el maltrato que supone el sistema de auditorías recientes a las pensiones no contributivas: “Llegan cartas documento y hay personas que deben pasar cinco horas en un efector público con chicos con parálisis cerebral u oxígeno dependientes. Eso es crueldad”. Y enfatizó: “No son pensiones truchas. Cada una que mis pacientes tienen, la tienen porque les corresponde por derecho”.
“No son pensiones truchas. Cada una que mis pacientes tienen, la tienen porque les corresponde por derecho”
Entre las instituciones que se sumaron a la manifestación estuvieron Meraki, Lumaki, Risoma, COAC y el Grupo Despertar de Puerto San Martín, junto a cientos de vecinos que apoyaron el corte simbólico del semáforo.
“El mensaje tiene que llegar al presidente, a los diputados, a todos los que pueden tomar decisiones. Y si van a vetar la ley, que por lo menos hagan algo frente a la emergencia. No pueden mirar para otro lado”, cerró con firmeza.
