Un bebé de apenas dos semanas fue resguardado por el Estado provincial luego de detectarse una situación de abandono y riesgo para su vida. Tras permanecer bajo cuidado institucional en el Hospital Granaderos a Caballo, el niño fue externado en las últimas horas y actualmente se encuentra al cuidado de su familia ampliada, mientras continúa la intervención judicial y social.
La medida de protección excepcional había sido dispuesta por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, al advertirse un cuadro de extrema vulnerabilidad que comprometía la integridad del recién nacido. Durante los primeros días, el bebé permaneció alojado en el hospital, en buen estado de salud y bajo seguimiento permanente.
Según se informó, la madre llegó en trabajo de parto sin controles prenatales y fue derivada al Hospital Roque Sáenz Peña, donde dio a luz. Luego, el recién nacido quedó en observación en neonatología debido a antecedentes maternos. La situación se agravó cuando la mujer, que reconoció consumo de sustancias, una enfermedad de transmisión sexual y estar en situación de calle, se retiró del centro de salud sin alta médica, lo que activó un protocolo urgente de protección.
Frente a este escenario, las autoridades dispusieron la suspensión preventiva de la responsabilidad parental, priorizando el interés superior del niño. Desde el área de Niñez aclararon que se trata de una medida transitoria, orientada a garantizar la seguridad del bebé mientras se trabaja en la recuperación de la madre y en la construcción de un entorno familiar adecuado.
En paralelo, se inició la búsqueda y evaluación de familiares que pudieran asumir su cuidado. Finalmente, el niño fue confiado a su familia ampliada, una decisión que permitió evitar su institucionalización y mantenerlo dentro de su entorno de origen.
El director del hospital, Andrés Lanaro, explicó que el efector cumplió un rol clave en la contención: “No se trata de una internación médica, sino de un alojamiento para el resguardo”, señaló, destacando la articulación entre las distintas áreas del Estado.
Por su parte, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento para la madre, en el marco de las medidas de protección. Sin embargo, la mujer, con patrocinio de la Defensoría General de San Lorenzo, presentó un recurso para revertir la decisión, reconociendo su problemática. El proceso judicial y administrativo continúa en evaluación.
El caso vuelve a encender alertas en la región. Desde el sistema de salud advierten un aumento de embarazos sin controles y en contextos de consumo, una problemática que incrementa los riesgos tanto para las madres como para los recién nacidos y exige respuestas integrales del Estado.