La llegada a Pueblo Irigoyen de un hombre acusado en una causa por corrupción de menores generó una fuerte conmoción entre los vecinos, que comenzaron a organizarse para reclamar su salida de la localidad. Se trata de un ex portero de la Escuela República de Colombia de Fray Luis Beltrán, quien actualmente se encuentra en libertad bajo restricciones judiciales.
La situación despertó alarma en la comunidad debido a que el acusado fijó domicilio en el pequeño pueblo del departamento San Jerónimo, donde residen cerca de mil habitantes. La presidenta comunal, Natalia Samaniego, manifestó la preocupación existente y reconoció el impacto que tuvo la noticia entre los vecinos.
“Somos una localidad muy chica y esto preocupa mucho a todos”, expresó la mandataria local, al tiempo que aclaró que desde la comuna no cuentan con herramientas legales para expulsarlo del lugar.
Según explicó, el hombre reside actualmente en Pueblo Irigoyen debido a un vínculo personal y en cumplimiento de una de las condiciones impuestas por la Justicia. Sin embargo, apenas trascendió su presencia en la localidad comenzaron a organizarse grupos de vecinos a través de WhatsApp para analizar posibles medidas y movilizaciones.
En los últimos días también aparecieron carteles con la imagen del acusado en distintos puntos del pueblo, reflejando el rechazo y la preocupación social que generó el caso.
La causa judicial
El hombre había sido detenido en noviembre de 2025 tras denuncias por presuntos delitos contra la integridad sexual de alumnos de sexto grado de la escuela donde trabajaba en Fray Luis Beltrán. La investigación incluyó acusaciones por exhibición de material pornográfico, acoso y presunta corrupción de menores.
En marzo de este año, la Justicia resolvió otorgarle la libertad con restricciones, revocando la prisión preventiva aunque manteniendo la calificación legal de los hechos investigados.
Entre las medidas impuestas, se le prohibió regresar a Fray Luis Beltrán, mantener contacto con las víctimas y salir del país. Además, debió fijar una caución millonaria, declarar un domicilio y someterse a tratamiento psicológico vinculado con los hechos investigados, acreditando periódicamente su asistencia mediante certificados profesionales.
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