La causa por el vaciamiento de Vicentin y los créditos irregulares otorgados por el Banco Nación sumó un nuevo capítulo este miércoles. El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a 26 exmiembros de ambas instituciones y ordenó la inhibición de sus bienes, además de la prohibición de salida del país.
El expediente, que avanza a partir del pedido del fiscal Gerardo Pollicita, apunta a un fraude que habría generado un perjuicio de, al menos, 260 millones de dólares. Según la acusación, los directores del banco y de la cerealera actuaron en complicidad entre agosto y diciembre de 2019, cuando Vicentin ya se encontraba en crisis y a punto de declararse en default.
Citaciones y cronograma judicial
Las declaraciones indagatorias comenzarán el 27 de octubre y se extenderán hasta el 18 de diciembre. Entre los citados se encuentran los exdirectivos de Vicentin Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Herman y Roberto Vicentin, Martín Sebastián Colombo y Máximo Javier Padoan.
Del lado del Banco Nación deberán presentarse el expresidente Javier González Fraga, el exvice Lucas Llach, Carlos Castellani y un amplio listado de gerentes, subgerentes y responsables zonales de la entidad.
Maniobras bajo sospecha
La fiscalía sostiene que los empresarios de Vicentin y los funcionarios del Nación simularon operaciones, omitieron garantías y autorizaron créditos a sabiendas de que no serían cobrados. Incluso, se detectó la utilización de facturas apócrifas por $222 millones (unos 3,7 millones de dólares) y el giro de casi 17 millones de dólares a paraísos fiscales.
“El grupo empresario actuó en complicidad con las autoridades del banco, que deliberadamente no protegieron el patrimonio del Estado”, señaló Pollicita en la presentación judicial.
Un perjuicio millonario para el Estado
El objetivo de la investigación es recuperar cerca de 300 millones de dólares, monto que quedó impago tras la caída de la cerealera. De acuerdo con la hipótesis fiscal, las autoridades del Banco Nación no solo no exigieron garantías, sino que además facilitaron la salida de fondos al exterior para que las nuevas gestiones no pudieran reclamar la deuda.
De confirmarse, se trataría de uno de los fraudes financieros más graves de los últimos años, con una doble responsabilidad: La del holding agroexportador y la de los funcionarios públicos que avalaron las maniobras.