El exlegislador, abogado y dirigente político Pedro Alberto “Pili” Rodríguez falleció este miércoles 10 de junio a los 78 años en su residencia de Oliveros. Su muerte marca el cierre de una extensa trayectoria pública atravesada por la militancia política, la gestión pública y una condena judicial por delitos de lesa humanidad vinculados al terrorismo de Estado.
Rodríguez fue durante décadas una de las figuras más influyentes de la política de San Lorenzo y el Cordón Industrial. Abogado de profesión y referente del peronismo local, inició su participación política en los años setenta dentro de la Juventud Peronista y posteriormente ocupó distintos cargos públicos tanto a nivel municipal como provincial.
Durante la última dictadura militar continuó desempeñándose dentro de la estructura de la Municipalidad de San Lorenzo, donde ejerció funciones como Director de Asuntos Jurídicos. Ese paso por la administración local durante el gobierno de facto fue uno de los aspectos centrales que años más tarde derivó en investigaciones judiciales por delitos cometidos durante el período represivo.
La condena por el caso Manuel Casado
En agosto de 2013, el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario condenó a Rodríguez a ocho años y seis meses de prisión por su participación en el secuestro y las torturas sufridas por Manuel Oscar Casado, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo.
La sentencia lo encontró responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, al considerar acreditada su participación como colaborador civil en el accionar represivo desplegado durante la dictadura en la región.
El fallo representó un precedente relevante en las causas que investigaron la complicidad civil en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Cordón Industrial.
Una extensa carrera política
Antes de la condena, Rodríguez había desarrollado una destacada carrera política en democracia. Se desempeñó como secretario de Gobierno municipal, fue diputado provincial por el Partido Justicialista y posteriormente concejal en San Lorenzo, además de impulsar espacios políticos propios de carácter vecinalista.
Su figura mantuvo durante años una importante base de apoyo electoral, aunque las causas judiciales por delitos de lesa humanidad generaron fuertes cuestionamientos institucionales.
En 2004 fue removido de su banca en el Concejo Municipal de San Lorenzo, mientras que en 2009, pese a haber resultado electo nuevamente, el cuerpo legislativo le impidió asumir invocando razones de inhabilidad moral.
Procesos pendientes
Tras cumplir la condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, Rodríguez continuó vinculado a otras investigaciones derivadas de las causas por delitos de lesa humanidad en la región.
Al momento de su fallecimiento permanecía procesado en expedientes relacionados con la denominada megacausa del Cordón Industrial, que investiga la participación de civiles y actores vinculados al sector empresarial durante el terrorismo de Estado.
Su muerte pone fin a una de las trayectorias más controvertidas de la política regional, marcada por una fuerte influencia electoral y por las condenas e investigaciones judiciales que atravesaron sus últimos años.