La Justicia Federal de Rosario imputó a siete personas acusadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Según la investigación, movieron millones de pesos a través de la compra de autos de alta gama y propiedades ubicadas en Oliveros, Funes y Rosario.
Entre los implicados hay dos hombres ya condenados por vender drogas en el cordón industrial: Matías Andrés B. y Marco Leonel G.. También fueron acusadas sus parejas y una inmobiliaria del centro rosarino, situada sobre bulevar Oroño.
De acuerdo con los fiscales Juan Argibay Molina y Franco Benetti, el grupo habría lavado más de 48 millones de pesos desde enero de 2021. Para dar apariencia legal al dinero, realizaron compraventas de vehículos y operaciones inmobiliarias.
Los investigadores detectaron 29 maniobras de lavado, entre ellas la compra de una Toyota SW4, un Audi A5, un Peugeot RCZ y un lote en un barrio privado de Oliveros. En varios casos, las operaciones se hacían a nombre de parejas, exparejas o empleados, para ocultar a los verdaderos dueños.
La inmobiliaria involucrada fue allanada en abril, luego de comprobarse que administraba terrenos y viviendas ligadas a los narcos del cordón. Su titular, Melisa Cecilia M., y un empleado también fueron imputados. La mujer ya había sido investigada por hechos similares y en 2024 recibió una probation por lavar dinero del llamado Rey de la Efedrina.
El expediente se desprende de una causa anterior, que terminó en diciembre de 2024 con las condenas por narcotráfico de Matías B. y Marco G. Ambos operaban en Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y San Lorenzo, donde habían montado una red de venta de drogas con presunta cobertura policial.
Durante esos años, la organización creció rápidamente. Matías B., exjugador y representante de futbolistas, compró vehículos de lujo y un terreno en Oliveros, sin ingresos declarados. Su socio, Marco G., adquirió un Audi TT, una BMW y una Fiat Toro.
El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz formalizó las imputaciones y ordenó que los acusados sigan el proceso en libertad, aunque con restricciones sobre sus bienes. Los delitos fueron calificados como lavado de activos agravado por su habitualidad y organización.
Con esta causa, la Justicia intenta reconstruir cómo el dinero del narcotráfico generado en el cordón industrial santafesino terminó invertido en autos y propiedades en Oliveros y otras zonas residenciales, convertidas en refugio del dinero ilícito en la región.