El juez Eugenio Romanini dictó prisión preventiva por el plazo de ley para los imputados por el homicidio de Omar Rendón, el hombre de 63 años hallado sin vida en un descampado de la zona de Roldán. Ambos están acusados de homicidio criminis causa, es decir, matar para cometer otro delito y asegurar la impunidad.
Según la reconstrucción de la fiscalía, el crimen fue planificado con antelación. La maniobra se apoyó en el vínculo previo entre la víctima y la mujer acusada, quien mantenía contacto frecuente con Rendón a través de WhatsApp. Esa relación de confianza resultó clave para concretar la emboscada.
El día del hecho, Rendón acudió a una cita pactada en una vivienda de calle Echeverría al 100, en San Lorenzo, un conventillo de habitaciones individuales. Allí lo esperaba la mujer junto al otro imputado, con quien integraba una sociedad delictiva orientada a captar y asaltar a personas con dinero.
Al ingresar a la habitación, el hombre fue atacado por la espalda. La autopsia determinó que la muerte fue inmediata, producto de un golpe contundente en la nuca con un martillo. Para los investigadores, se trató de una ejecución directa destinada a evitar cualquier tipo de resistencia.
El móvil, sostienen los fiscales, fue estrictamente económico. Tras el asesinato, los acusados habrían realizado transferencias a sus cuentas bancarias utilizando el teléfono celular de la víctima.
Luego, trasladaron el cuerpo hasta un camino rural paralelo a la ruta A012, en cercanías del Parque Industrial de Roldán, donde lo abandonaron. Sin embargo, cámaras de seguridad registraron movimientos compatibles con el traslado, lo que permitió avanzar en la investigación.
El quiebre en el caso se produjo cuando indicaron el lugar donde había sido descartado el cuerpo, aunque esa declaración no modificó su situación procesal. Para la fiscalía, ambos imputados participaron activamente en todas las etapas del hecho: Desde la planificación hasta la disposición final del cadáver.
Entre las pruebas recolectadas figuran el secuestro del martillo utilizado en el ataque, rastros de sangre detectados con luminol en la vivienda y registros fílmicos que ubican a los sospechosos en la escena posterior al crimen.
Con este cuadro probatorio, la causa avanza bajo una imputación que prevé la pena de prisión perpetua, en un caso que generó fuerte conmoción en la región.