Una veintena de allanamientos simultáneos en el cordón industrial y la región expusieron esta mañana una compleja red narcocriminal que operaba desde hace al menos dos años con la participación de integrantes de fuerzas de seguridad. Los procedimientos, encabezados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo orden de la Justicia Federal, se desplegaron en San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Puerto General San Martín, Serodino y Puerto Gaboto. En este último caso, el allanamiento se concretó en la vivienda de un ex candidato a presidente comunal. También se investiga la connivencia de efectivos de Prefectura Naval Argentina y presuntos vínculos con la Asociación de Taxis de San Lorenzo.
La investigación, dirigida por la Unidad Fiscal Rosario y la sede descentralizada San Lorenzo del Ministerio Público Fiscal, permitió reconstruir durante más de dos años el funcionamiento de la banda. Los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Scilabra, Franco Benetti y Claudio Kishimoto coordinaron las medidas con el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros.
En total, se realizaron 24 allanamientos simultáneos desde las 6 de la mañana: Once en San Lorenzo, seis en Capitán Bermúdez, uno en Puerto General San Martín, dos en Serodino, tres en Rosario y uno en Puerto Gaboto. Los procedimientos incluyeron secuestro de drogas, dinero y vehículos, además de la incautación de teléfonos celulares de prefectos sospechados de filtrar información confidencial para encubrir a la organización.
La pesquisa permitió identificar a los líderes de la red, J.M. y R.A.V., quienes continúan manejando operaciones aun estando detenidos en cárceles federales. Según los fiscales, impartían órdenes mediante llamadas y audios, organizaban esquemas de “delivery” de droga y fijaban precios y compras. La estructura incluía familiares y allegados que administraban las ganancias, principalmente en dólares, a través de operaciones financieras paralelas.
La causa involucra a más de 25 investigados, entre vendedores, familiares y personal de seguridad. Para los principales imputados se ordenaron detenciones e indagatorias. El caso vuelve a poner en foco la capacidad de las organizaciones para sostenerse desde el sistema penitenciario y la necesidad de reforzar los controles sobre fuerzas federales frente a posibles actos de corrupción.