El jefe de la Sección N.º 3 “Las Rosas” de la Guardia Rural Los Pumas, fue imputado y quedó en prisión preventiva efectiva por seis meses en el marco de una causa que investiga una presunta malversación de fondos públicos vinculada al abastecimiento de combustible de móviles policiales.
La audiencia imputativa se desarrolló este martes 16 de diciembre de 2025 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, donde el fiscal le atribuyó los delitos de peculado de caudales públicos, defraudación agravada contra la administración pública y falsedad ideológica, todos en grado consumado y en calidad de autor. El juez de primera instancia formalizó la imputación y dispuso la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, con posibilidad de prórroga una vez vencido el plazo.
La causa se originó a partir de una investigación interna, que derivó el pasado viernes en una serie de allanamientos en estaciones de servicio de la ciudad de Las Rosas, en el marco de una maniobra irregular relacionada con la carga de combustible de vehículos oficiales. Como resultado de esos procedimientos, el jefe de Los Pumas fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Las actuaciones administrativas fueron encabezadas por la Dirección de Asuntos Internos, que continúa colaborando con la investigación judicial.
Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre el 1 de julio y el 10 de septiembre de 2025, período durante el cual el imputado, abusando de las funciones propias de su cargo, tenía a su cargo la administración, percepción y custodia del combustible de la seccional. La maniobra se habría concentrado en el uso indebido de tarjetas de débito “Visa Flota”, provistas por el Estado Provincial y destinadas exclusivamente a la carga de combustible de los móviles policiales habilitados.
La acusación sostiene que el imputado realizó múltiples cargas de combustible, principalmente en una estación de servicios ubicada en calle Monseñor Francisco Diez al 500, que no fueron efectuadas en vehículos oficiales. El combustible facturado no ingresó al patrimonio del Estado ni fue utilizado para el cumplimiento del servicio policial, generando un perjuicio económico estimado en $2.790.000 para la Administración Pública provincial.
Además, se indicó que el acusado se valió de la confianza depositada por el Estado y, mediante ardides, simuló cargas para que se autorizaran y abonaran consumos que no respondían a prestaciones reales, configurando una clara defraudación.
Finalmente, con el objetivo de encubrir y justificar el desvío de fondos públicos, habría insertado declaraciones falsas en las actas de rendición y fiscalización de combustible y lubricantes correspondientes a julio, agosto y los primeros días de septiembre de 2025, consignando datos falsos sobre el kilometraje de los móviles policiales.
Tras su aprehensión, el funcionario fue trasladado a una dependencia policial de la ciudad, mientras continúan las medidas ordenadas por la fiscalía interviniente. Desde fuentes oficiales confirmaron que la investigación sigue en curso y que no se descartan nuevas actuaciones en el marco de la causa.
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