El juez de Primera Instancia Ariel Cattaneo condenó a Alejandro Zamora a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de defraudación, enriquecimiento ilícito de funcionario público (tres hechos) y robo calificado agravado por el uso de un arma de fuego no habida y la participación de un menor de edad.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Ortigoza, quien atribuyó al condenado una serie de hechos cometidos entre 2020 y 2025.
Estafas aprovechando su cargo como policía
De acuerdo con la acusación, el 26 de mayo de 2020, cuando se desempeñaba como empleado policial en la Comisaría 10ª de Aldao, Zamora engañó a un hombre para obtener los datos de su CBU y, utilizando información personal a la que tenía acceso por su función, gestionó a su nombre un préstamo de 99.605 pesos a través de la empresa Mango S.A., perteneciente a Wenance S.A.
Según la investigación, luego hizo que la víctima retirara el dinero y se lo entregara.
Días más tarde, el 2 de junio de 2020, repitió la misma maniobra con otra persona. En esa oportunidad tramitó un préstamo de 65.701 pesos mediante la plataforma Luquitas, también perteneciente a Wenance S.A., utilizando nuevamente datos obtenidos por su condición de integrante de la dependencia policial.
Robo armado en Puerto San Martín
La condena también comprende un violento asalto ocurrido el 30 de marzo de 2025, alrededor de las 23.10, en una vivienda ubicada sobre Pasaje N.º 1 al 1300, en Puerto General San Martín.
Según la Fiscalía, Zamora actuó junto a un menor de edad. Ambos ingresaron a la casa por una ventana y, bajo amenazas con un revólver, robaron tres teléfonos celulares iPhone. Durante el hecho, una de las víctimas fue golpeada con la culata del arma de fuego.
Tras el robo, los sospechosos escaparon, pero fueron interceptados por personal policial en la zona de Urquiza y Rucci, en la ciudad de San Lorenzo, cuando circulaban en un Peugeot 206. En el procedimiento se recuperaron los tres teléfonos sustraídos.
Zamora recibió una condena de cuatro años de prisión efectiva y quedó inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallado responsable de los delitos atribuidos por la Fiscalía.