Cuatro jóvenes fueron condenados por una violenta serie de robos cometidos en distintas localidades de la región, incluyendo a Pueblo Andino, Ricardone y Aldao. Se trata de Alejo F., Giuliano C., Ignacio G. y Augusto G., quienes enfrentaron cargos por delitos calificados y recibieron penas de entre 5 y 7 años de prisión efectiva, tras un acuerdo abreviado entre las partes.
En una audiencia realizada el 29 de abril en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, la jueza de Primera Instancia, Dra. Strologo, homologó el procedimiento abreviado presentado por el fiscal Leandro Lucente, quien les atribuyó participación en dos hechos de robo calificado y, en el caso de uno de los imputados, también en un caso de encubrimiento agravado.
El raid delictivo comenzó el 2 de julio de 2024, alrededor de las 00:20, cuando los implicados se dirigieron a un domicilio de calle San Lorenzo al 400, en Ricardone. Allí, tres de ellos descendieron de un Volkswagen Gol gris y abordaron a un vecino que estaba ingresando su Chevrolet Onix al garaje. Con armas de fuego, intentaron obligarlo a descender del vehículo. Ante la negativa de la víctima, que trabó las puertas y tocó la bocina para alertar a los vecinos, uno de los asaltantes —Augusto G.— disparó contra la luneta del auto, destruyéndola. Luego, todos huyeron del lugar.
Una hora y media más tarde, a la 1:45, el mismo grupo atacó en Pueblo Andino. La víctima había descendido de su Volkswagen Fox para abrir el portón de su casa, en calle 25 de Mayo al 900. Fue sorprendida por la espalda por tres de los acusados, que nuevamente la amenazaron con un arma de fuego, la hicieron bajar del vehículo y escaparon a toda velocidad hacia la vecina localidad de Aldao. El conductor del Gol gris los seguía desde atrás.
Además, a Augusto G. se le imputó otro hecho ocurrido días antes, vinculado al encubrimiento de una moto robada. Se trataba de una Honda Wave negra, sustraída el 26 de junio en Aldao. La motocicleta fue hallada y secuestrada por la Policía en un predio donde funcionaba una fábrica, en calle Córdoba al 2000 de Puerto General San Martín. Allí fue también aprehendido el joven.
Los tres primeros condenados recibieron 5 años de prisión efectiva, mientras que Augusto G., al sumar el delito de encubrimiento por receptación dolosa con ánimo de lucro, recibió una pena de 7 años.
Los hechos causaron gran preocupación en la región, ya que ocurrieron en zonas residenciales y con violencia directa contra las víctimas. El accionar coordinado y armado del grupo, junto al uso de vehículos robados, configuró un modus operandi que fue calificado como especialmente grave por la Fiscalía.